Los principales grupos del Congreso, salvo Vox, apoyaron ayer –pendiente de que se ratifique la votación– la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento gallego para traspasar a la Xunta la titularidad y las competencias de la Autopista del Atlántico AP-9.

La ley, a la que los grupos del Congreso podrán ahora presentar enmiendas para modificar su redacción, plantea la transferencia a Galicia de la titularidad y las competencias sobre el régimen de concesión y las funciones y servicios ejercidos hasta ahora por la Administración General del Estado.

En su defensa de la iniciativa, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, subrayó la necesidad de rebajar los “inadmisibles” peajes que los gallegos pagan cada vez que usan la AP-9, lo que, a su juicio, supone “un auténtico expolio” para los gallegos que es prioritario “aliviar”. Pero también urgió a que el Estado transfiera esta infraestructura tan importante para Galicia como ya ha hecho con otras autopistas de comunidades autónomas, como Cataluña o País Vasco.

“Una estafa legalizada”

La misma demanda hizo la líder del BNG, Ana Pontón, quien cree que el traspaso de la gestión de la AP-9 es “el primer paso” para acabar con una “discriminación histórica” con Galicia que lastra la economía de sus ciudadanos, que cada día son víctimas de “una estafa legalizada”. Aprovechó, además, para reprochar al Gobierno que no esté cumpliendo con el acuerdo de investidura suscrito con el BNG y que recogía una bajada “histórica” de los peajes de esa autopista.

Por el PP, el vicepresidente primero del Parlamento gallego, Diego Calvo, añadió que los gallegos no piden nada que no se haya hecho antes ni que atente contra el orden constitucional establecido, sino que solo aspiran a gestionar una infraestructura básica para la comunidad.

“Hoy pedimos la transferencia de la AP-9 con ánimo de unir, y no separar”, dijo el diputado “popular”, incidiendo en que la Xunta puede gestionar esa infraestructura de manera “más eficiente” que el Estado.

Asumir costes

Durante el debate parlamentario, únicamente Vox se mostró en contra del traspaso por rechazar “el aumento constante de poder de las taifas autonómicas”, pero también ante el riesgo de que la rebaja de peajes que impulse la Xunta, apuntó su diputado Francisco José Contreras, sea asumido en forma de consecuencias contractuales por la Administración General.

Unas dudas también planteadas por Ciudadanos, que tras abstenerse en la última votación de esta ley –que decayó ante la convocatoria de las elecciones generales–, decide ahora apoyar su toma en consideración. Su diputada María Muñoz advirtió de que el traspaso no implica por sí solo ni la rebaja de peajes, ni el rescate de la concesión ni la reducción del coste operativo de la infraestructura, cuestiones que podrían abordarse sin la transferencia.

El representante de Vox en el debate, por su parte, añadió que la formación que dirige Santiago Abascal no “favorecerá” el “nacionalismo” del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, “con más concesiones”.

Tanto Galicia en Común como el BNG reivindican la gestión pública de la autopista y su circulación “libre de peajes”, recordando además que, de cumplirse la concesión, se alargará hasta más allá de los 75 años. Para Nestor Rego (BNG), esta autopista supone “una fechoría, un expolio y una discriminación”, mientras que Antón Gómez-Reino (Galicia en Común) asegura que las vías de peaje “van a ser una anomalía en el Estado”.

Peajes “desorbitados”

El PP lamenta “los peajes desorbitados” mantenidos por la concesionaria Audasa, con la subida más alta entre las únicas vías que han encarecido sus tarifas, tal y como recordó su diputado Celso Delgado, que defendió una “gestión directa” de esta infraestructura.

Sin embargo, Guillermo Meijón, del PSOE, recordó que fue un Gobierno “popular” el que amplió hasta 2048 una concesión que, en caso contrario, estaría a dos años de caducar.