La conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, aseguró ayer que se va a iniciar el “expediente de declaración de nulidad para la renovación de la autorización ambiental” de la cementera de Castro, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo desestimó este año un recurso de casación interpuesto por Cementos Galegos contra un fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 2013 en el que se deja sin efecto la autorización ambiental concedida a la cementera, ya que anula el plan de sectorización al vulnerar el plan de ordenación municipal de Narón por permitir una actividad industrial en una parcela para uso residencial.
En respuesta a una pregunta de AGE, Mato garantizó que la Xunta cumplirá la sentencia del Tribunal Supremo, ya que la Xunta “está del lado de la ley” y “en este caso no va a ser una excepción”, de forma que se va a informar a la empresa que tiene un plazo para alegar porque se “va anular” su autorización ambiental.
Con este paso, el Gobierno gallego ve un paso más allá del que requiere la sentencia judicial de octubre de este año, un pronunciamento que anula la autorización ambiental otorgada en 2005 “única y exclusivamente por quedar ratificada la anulación del plan sectorial aprobado polo ayuntamiento”. Esto es, el departamento autonómico “cumplió y cumple en todo momento” con la legalidad, subrayó Mato.
La conselleira precisó también que en junio de este año el Gobierno gallego inspeccionó estas instalaciones, y constató que la empresa cumplía todos los “estrictos” condicionantes fijados en la normativa ambiental.
Yolanda Díaz (AGE) puso en valor la lucha de los vecinos de Os Cruceiros que combatieron durante “12 años” contra la instalación de esa cementera, pero “nadie los escuchó”, mientras sufrían “agresiones ambientales”, por lo que cree que “es para darles una medalla Castelao”.
Durante el debate de esta pregunta, Yolanda Díaz cargó contra el plan de sectorización que considera “nulo” e “ilegal”, al que definió como falcatruada, porque permitió actividad industrial “altamente peligrosa y contaminante” en suelo destinado a uso residencial.
La palabra falcatruada provocó una anécdota durante el pleno, ya que fue mal pronunciada en su réplica por Beatriz Mato al señalar: “No hay ninguna ‘trafalcuada’, dijo usted”. Al intentar de nuevo pronunciar bien la palabra volvió a decir ‘trafalcuada’ de forma errónea, tras lo que se echó a reír al no poder decir bien la palabra.
Por su parte, Yolanda Díaz le indicó: “Yo sé que llevan un pleno difícil, pero supongo que no son incapaces de pronunciar ‘falcatruada’, a pesar de que mira que tienen ‘falcatruadas’ en sus filas”.