Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea trataban ayer de incorporar las garantías legales necesarias para que la expulsión a Turquía de todos los inmigrantes irregulares que lleguen a Grecia, incluidos los refugiados sirios, puedan llevarse a cabo “con absoluto respeto” al Derecho Europeo e Internacional. “Lo más importante, y es algo que no comprometeremos, es la necesidad de respetar tanto nuestro Derecho Europeo como el Derecho Internacional. Es indispensable, de lo contrario Europa no podrá ser más Europa”, advirtió el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, la víspera de la cumbre.
De hecho, durante las negociaciones que han tenido lugar los últimos días se ha “reforzado” el lenguaje que apoya la legalidad del pacto en la propuesta que se redacta para Ankara.
Los líderes europeos debían resolver ayer las reservas que existen entre los estados miembros sobre el contenido del acuerdo y hoy trasladarán su propuesta definitiva al primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, que tenía previsto viajar a Bruselas para sumarse al encuentro.
Al cierre de esta edición, el encuentro de ayer todavía no había terminado.
La medida más polémica es la deportación de refugiados sirios a Turquía, como modo de presión para que quienes buscan protección internacional cejen en su intento de entrar de manera irregular en la Unión Europea.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), entre otros, criticó la “ilegalidad” de este plan y las capitales trabajan en estos momentos en un modelo que asegure el “trato individual” de cada expediente “en Grecia”.
El objetivo es defender que no habrá devoluciones en caliente ni colectivas y, por tanto, estará en línea con lo que dicta la directiva de asilo, la Carta de Derechos Humanos y la Convención de Ginebra.
La Unión Europea ofrece a cambio un plan para la reubicación directa desde Turquía de tantos refugiados sirios como sean expulsados desde Grecia, lo que, aseguran, servirá par “romper el modelo de negocio” de las mafias que trafican con personas. Los mandatarios europeos deben también aclarar cómo se repartirá entre los estados miembros la carga de acogida de la fórmula “uno por uno”, ante el temor de algunas delegaciones de que se convierta en “un millón por un millón”.
Otro escollo importante en las negociaciones es la disputa territorial entre Chipre y Turquía, que ha quedado vinculada a los avances en algunas de las disposiciones del acuerdo, por ejemplo, en la apertura de nuevos capítulos en la negociación para la adhesión al club comunitario o agilizar los trámites para poner fin a la política de visados para los turistas turcos.
La petición de Ankara de doblar hasta los 6.000 millones de euros la ayuda a los refugiados en Turquía que la UE está dispuesta a pagar a cambio de que contenga el flujo migratorio es otra de las cuestiones abiertas.
El presidente de Francia, François Hollande, advertía ayer de que no aceptaría un acuerdo para deportar a Turquía a los refugiados sirios si no se trataba de un pacto “global” que incluyese ayuda para Grecia.
El primer ministro de Bélgica, Charles Michel, aseguraba por su parte que prefería que los líderes europeos no llegasen a un acuerdo con Turquía a que se alcanzase “un mal acuerdo”.
La canciller alemana, Angela Merkel, auguraba unas negociaciones “complicadas” para cerrar el acuerdo, si bien confiaba en que los líderes lograsen encontrar el “equilibrio” entre los intereses de la Unión Europea y los de Ankara.
Mientras, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, aseguró que el acuerdo servirá para “privar de clientes” a las mafias que trafican con personas.