El alcalde de Neda, Ángel Alvariño, denunció ayer “los problemas que está generando a los vecinos” de este municipio el cierre del Juzgado de Paz, ya que las dos trabajadoras destinadas se encuentran de baja, una por accidente y otra por maternidad, y todavía no se han repuesto los efectivos.

“No se está reponiendo el personal y visto lo que está pasando con la posible privatización de este servicio, le pedimos e instamos a la Xunta que de una vez por todas reponga al personal y que se ofrezca el servicio necesario”, advirtió.

Alvariño recordó que estas dependencias permanecen de manera constante cerradas desde hace dos meses, a excepción de dos días a la semana, cuando acude a las mismas la secretaria del Juzgado de Paz de Narón.

El regidor reclamó que “se acabe con la ley de racionalización y de ahorro económico”, que “lo único que está haciendo en todos los ámbitos es recortando derechos para los vecinos”.

En la comparecencia pública también estuvo presente el primer teniente de alcalde de Narón, Guillermo Sánchez Fojo (TeGa), que lamentó que “la sensibilidad de la Xunta está en ahorrar dinero”, advirtiendo de que “la comarca está destrozada por la inacción de la política del PP”.

Por último, el representante sindical de AXG-CUT, Javier Fernández, arremetió contra la Dirección Xeral de Xustiza por “anteponer los intereses económicos a la calidad en los servicios públicos”, negándose a nombrar funcionarios interinos.

Asimismo, alertó sobre “la posible intención del Gobierno de la Xunta de dejar sin competencias los juzgados de paz para después cerrarlos”, avanzando que iniciarán una campaña de concienciación “en todos los ayuntamientos para denunciar estos casos”.  

El gobierno de Neda apoyará, junto al de Narón, todas las acciones que el sindicato pueda convocar, a partir del lunes, en caso de que no se cubran las dos plazas vacantes en el juzgado.