La responsabilidad del accidente que llevó al hundimiento de la fragata noruega “Helge Ingstad”, fabricada por Navantia en Ferrol, será determinada por los tribunales, según informó este fin de semana el portal escandinavo “VG”. En conversaciones con diversos expertos en derecho marítimo, el medio aclaró que la compañía de transporte propietaria del buque petrolero “Sola TS” deberá abonar un máximo de 400 millones de coronas noruegas –unos 41 millones de euros–, una cantidad determinada por el tonelaje de la nave naufragada y que, pese a ser considerado “elevado”, apenas cubriría una fracción del coste de una fragata nueva.

“No es improbable que el petrolero reciba parte de la responsabilidad por la colisión del barco –explicó el profesor del Instituto Nórdico de Derecho Marítimo, Trond Solvang–. Entre otras cosas, [el “Sola TS”] zarpó con las luces de cubierta completas, lo que es contrario a la legislación marítima y que dificultó que se viesen sus linternas de posición”. Solvang considera posible que la corporación de transporte sea responsabilizada “al menos con un 20% de la culpa”, aunque también aclara que aunque dicho porcentaje sea mayor, los costes que tendría que asumir por la colisión serían los mismos. Eso sí, otros cargos o sanciones derivadas del incidente, como compensaciones a terceros, sí podrían aplicarse de decidirlo el juez.

Negligencia y consecuencias
A pesar de que tanto la compañía de transportes como el Ministerio de Defensa noruego han evitado pronunciarse a este respecto “por estar sujeto a litigio”, el profesor Trond Solvang deja claro que hubo un comportamiento negligente por ambas partes.

El especialista cree “que se puede culpar a la fragata por no evitar una situación de gran peligro por no haber realizado un buen seguimiento por radar o “plotter”, ni por no reaccionar a las repetidas llamadas o hacer nada para cambiar su rumbo”.

Sin embargo, una de las partes más perjudicadas sería la propia Navantia, dado que hasta que se presente el informe definitivo del incidente no quedará exonerada a nivel internacional de la sospecha de que la nave entregada tenía problemas de estanqueidad; algo de lo que se ha defendido con informes y que pone en peligro contratos similares.