A falta de cuestiones para aprobación en el orden del día –solo se debatieron tres asuntos, sin ser las mociones planteadas por la oposición–, el pleno de ayer se nutrió de puntos referentes a “dar conta” de los cambios que en el último mes se han producido en el ámbito organizativo del Concello, tras una ruptura entre FeC y PSOE. Un “divorcio” que no fue de mutuo de acuerdo como quedó evidenciado en los comentarios surgidos en las distintas intervenciones de varios representantes de ambas formaciones políticas.
Los cambios se hicieron efectivos, en primer lugar, físicamente, con las nuevas posiciones en las bancadas. Así, los tres miembros del grupo socialista ocupan ahora el banco de atrás, junto con BNG y la no adscrita, pero en el gobierno, Rosa Méndez, mientras que ahora todos los miembros de FeC están en la primera bancada, compartiendo espacio con la otra representante del ejecutivo, María Fernández Lemos.
Pero las secuelas de la ruptura se percibieron ya en las primeras intervenciones. Así, la portavoz socialista, Beatriz Sestayo, se hizo eco de lo que, indicó, le reclaman sus votantes “la devolución das actas das dúas concelleiras transfugas ao grupo municipal”. Reclamó –alentada por algunos seguidores del público– concretamente 2.500 votos, que dijo que habían pasado a Ferrol en Común, por lo que instó a la recuperación de la normalidad y legalidad democrática. Una legalidad de la que habló en varias ocasiones, al intervenir para preguntar en calidad de qué estaba interviniendo la edil María Fernández, ya que como no adscrita alega que no tendría que ver “ascendida” su posición, como, a su juicio, hizo ayer con varias intervenciones como responsable del área de Urbanismo.
Los representantes de Ferrol en Común no tomaron muy en serio las alusiones a supuestas ilegalidades de Sestayo e incluso el alcalde, Jorge Suárez, la instó a “denunciarnos e que vaiamos todos a prisión”.
El portavoz de FeC, Álvaro Montes, también irritó a la portavoz socialista, al aludir a los socialistas como “el grupo de Sestayo”.
La portavoz del PSOE pidió en varias ocasiones que “constasen en acta” sus críticas, intervenciones interrumpidas por el alcalde aclarando que “todo consta en acta”, por lo que Sestayo solicitó la devolución del turno de palabra para pode continuar con sus intervenciones.
Más allá del rifirrafe dialéctico de los que hasta hace un mes compartían gobierno, la concejala Rosa Méndez respondió a los calificativos de su hasta ahora portavoz señalando que “o carné socialista segue sendo meu, o programa se cumple na miña concellería e manexo o código ético do PSOE”, por lo que rechazó que Sestayo la incluyese como miembro de Ferrol en Común.
La oposición criticó al equipo de gobierno que un mes después de la ruptura del pacto todavía se informe hoy de los cambios y, lo que consideran más grave, que todavía no haya habido tiempo para designar a los representantes en los organismos exteriores.
Que no se convoquen comisiones –se puso el ejemplo de Benestar Social o Cultura que hace un mes que no se celebran– fueron otras críticas de la oposición al nuevo ejecutivo integrado por FeC y dos no adscritas.
Los puntos de aprobación pusieron nuevamente sobre la mesa temas recurrentes que aún no están solventados como la renuncia al contrato eléctrico –se llevaron facturas a la empresa que tienen prorrogado el servicio– y para el que ahora se puso como fecha el pleno de noviembre, a la espera de un informe municipal.
Pero donde más debate hubo pero también más acuerdo plenario fue en varias de las mociones presentadas.

transporte rural
De este modo, con el apoyo unánime de todos los grupos salió adelante la moción planteada por Ciudadanos y que recogía el sentir de asociaciones de la zona rural que ya manifestaron en diferentes ocasiones sus quejas por la inadecuación del horario de autobuses a las necesidades de los residentes en las distintas parroquias, especialmente los jóvenes que se desplazan a estudiar al centro de la ciudad.
El pleno adquirió el compromiso de tratar con la Xunta la adecuación de horarios por parte de la empresa Monbus. Aunque la concejala de Mobilidade, María Fernández, ya adelantó que se habían conseguido dos posibles soluciones, un bus circular de Monbus con recorrido por cuatro parroquias que pagaría el Concello –80.000 euros anuales–o un servicio particular –4.700 euros al mes–. Hoy se tratará con los afectados estas posibilidades en una asamblea que se celebrará en Covas.
También fue unánime el acuerdo –sobre una moción popular–para que se ejecute la segunda fase de las obras de la Avenida 19 de febrero de Serantes y la del PSOE sobre la elaboración de un mapa de inmuebles con amianto.