Multan a Sousa con 200.000 euros por ofrecer datos “engañosos” de Pescanova

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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha resuelto imponer una multa de 100.000 euros a Pescanova y otra de 200.000 euros al expresidente de la compañía Manuel Fernández de Sousa Faro por difundir en marzo de 2013 “datos inexactos, no veraces y engañosos” sobre la compañía.

Según publicó el sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE), se trata de sanciones por infracción muy grave y en ambos casos por el hecho relevante enviado por la compañía a la CNMV y difundido a los mercados el 14 de marzo de 2013.

En varias comunicaciones de esas fechas, la empresa señalaba, entre otros aspectos, que el consejo había acordado “por unanimidad” “ratificar la línea de reestructuración de su política financiera”.

La CNMV impone las sanciones por contener esas comunicaciones “datos inexactos, no veraces y engañosos” sobre la empresa.

Pescanova se encuentra en concurso de acreedores y su deuda financiera ronda los 3.000 millones de euros (3.500 millones si se cuentan los bonos), con un centenar de bancos acreedores. La semana pasada, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra admitió a trámite la propuesta de convenio y el plan de viabilidad y de pagos de la empresa.

Sin embargo, la banca española valora más favorablemente para sus intereses la liquidación de Pescanova que aceptar el convenio de acreedores que ha presentado la pesquera ante el juez.

El análisis que manejan los siete bancos españoles que hasta ahora estaban dispuestos a apoyar el rescate del grupo pesquero es que si Pescanova va la liquidación recuperarían algo más de 700 millones, mientras que con el convenio esta cifra se limitaría a cerca de 350, según “El Confidencial”.

Por tanto, los bancos estudian muy seriamente permitir que Pescanova vaya a la liquidación y, dentro de este proceso, adquirir las unidades productivas, de manera que se mantuviesen el mayor número de puestos de trabajo posibles.

Los bancos ya tiene un socio industrial para llevar a cabo esta operación al margen de la cervecera catalana Damm, después de la fuerte desconfianza que hay entre los bancos acreedores y el presidente de esta empresa, Demetrio Carceller.

Tras las reuniones de la semana pasada, las relaciones entre Damm y la banca parecen totalmente rotas. Las grandes entidades españolas acusan a Damm de haber forzado un convenio que en ningún momento se pactó con las entidades financieras, ni en su primera versión ni tras los escritos de subsanación. Los puntos de fricción entre la banca –el Banco Sabadell, el Popular, La Caixa, Novagalicia, el BBVA y Bankia– son cuatro, dos de ellos sobre la reestructuración del pasivo: los bancos querían que la deuda sostenible de Nueva Pescanova fuese de 1.000 millones y no de 700, limitando así el efecto de la quita; también había desacuerdo en cómo se estructuraba este endeudamiento, puesto que los bancos esperaban un tramo senior de 517 millones y uno junior de 492 convertible por el 10% de la compañía tras 5 años, mientras que el convenio plantea un tramo 400 millones de senior y 300 de junior.

Los otros dos escollos radican en que los bancos esperaban controlar el 70% de la firma y no el 34,6%; y también aportar la mayor parte del dinero fresco, que reducían a 115 millones, menos de los 150 que ha propuesto el consejo de la pesquera.

Multan a Sousa con 200.000 euros por ofrecer datos “engañosos” de Pescanova