martes 10.12.2019

La corrupción

l Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), del que España es miembro fundador, hizo público en diciembre de 2013 un conjunto de medidas para luchar contra la politización de la justicia. En diciembre de 2017 señaló que España en ese período de tiempo no había aprobado ninguna disposición en esa dirección. Ahora, el Greco acaba de afear la conducta al Gobierno señalando que si bien se han cumplido dos de las recomendaciones, adopción de un código ético para los jueces  y establecimiento de la caducidad de los procedimientos disciplinarios para jueces y magistrados, quedan pendientes cuestiones tan relevantes como la autonomía del Fiscal General del Estado o la politización de la selección del turno de los jueces para el CGPJ.
En efecto, los políticos siguen participando en la elección del turno judicial del Consejo General del Poder Judicial en una clara muestra de que persiste entre nosotros esta mancha de la politización en la composición del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces y magistrados que es quien decide la composición de las llamadas altas magistraturas y el competente en materia de potestad disciplinaria de los integrantes del poder judicial en sentido estricto.
En efecto, el Greco reprocha a España la falta de transparencia de las comunicaciones entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado y la ausencia de autonomía de gestión de la Fiscalía. 
No objeta, como es lógico, que Congreso y Senado designen a los ocho miembros del órgano de gobierno de los jueces que son juristas, pero afirma, con toda razón, que las Autoridades políticas no deben participar en ningún momento en el proceso de selección del turno judicial.
En opinión del GRECO, cuando las estructuras de gobierno del Poder Judicial no se perciben como imparciales e independientes, eso tiene un impacto inmediato y negativo en la prevención de la corrupción y en la confianza del público en la equidad y eficacia del sistema jurídico del país. Seis años después, ratifica el Greco, la situación es la misma. Sin comentarios.

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático 
de Derecho Administrativo. 

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