El grupo socialista no tocará la autodeterminación de género en el proyecto de ley trans, que regula el derecho a cambiar el sexo registral sin necesidad de tratamiento ni informe médico o psicológico, pero duda de la equiparación de la violencia de género con violencias que se registran en el colectivo Lgtbi.

Ante el enfado del colectivo, Podemos y el Ministerio de Igualdad por la ampliación del plazo de enmiendas al proyecto, fuentes del PSOE subrayaron que su objetivo es “dar seguridad jurídica a la ley”, porque están convencidos de que el PP y la ultraderecha la recurrirán ante el Tribunal Constitucional. “El legislativo puede mejorar la ley y hacerla más robusta ante esos ataques de los que son verdaderos enemigos de los derechos de los colectivos”, afirmaron. El grupo quiso dejar claro que no se tocará uno de los ejes del proyecto: el derecho a cambiar de sexo en el Registro Civil sin necesidad de aportar informes o testigos o de haberse sometido a un tratamiento hormonal, como se exige en la actualidad.

El proyecto establece que el cambio de sexo registral se podrá realizar a partir de los doce años: entre doce y catorce años se necesitará aprobación judicial; entre catorce y 16, la asistencia de padres o tutores; y a partir de los 16 no habrá limitación alguna

Las dudas del PSOE se centran en la equiparación de algunas violencias a la violencia de género, apuntaron las fuentes. En su artículo 65, el proyecto de ley contempla, por ejemplo, que cuando haya un condenado o una orden de protección por violencia familiar Lgtbifóbica o intragénero –en parejas Lgtbi– las víctimas tendrán los mismos derechos laborales y de Seguridad Social que se atribuyen a las víctimas de violencia de género.

Conocer las propuestas

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró ayer que no permitirá “ningún retroceso” respecto a lo pactado en el proyecto de ley trans y reconoció  que vive con “muchísima preocupación” el retraso en la tramitación de la norma, así como las posibles enmiendas encaminadas a cuestionar aspectos centrales del texto. En una entrevista en TVE, Montero lamentó que el PSOE y el PP decidieran ampliar en una semana el período de enmiendas porque eso supone “poner en riesgo que pueda ser aprobada antes de finales de año”.

La ministra de Igualdad reconoció que “toda la comunidad trans y Lgtbi tiene que saber que no vamos a consentir ningún retroceso en derechos respecto a lo pactado en el texto de la ley porque es un gran consenso social y político”. Además, recordó que en 2019 todos los grupos políticos de la Cámara estuvieron de acuerdo en que España tenía que reconocer el derecho a la libre determinación de la identidad de género. 

Sobre las intenciones del PSOE, Montero pidió esperar a que se acabe el plazo de enmiendas para conocer las propuestas de los grupos y ponerse a trabajar “de inmediato” para llegar a acuerdos y conseguir que la tramitación y debate en el Parlamento “no implique una nueva apertura de discursos tránsfobos". 

Una marcha para el sábado

La organización Plataforma Trans convocó para este próximo sábado 22 de octubre una manifestación en Madrid con el objetivo de decirle “alto y claro a la ultraderecha y al sector más reaccionario del Partido Socialista” que la “resistencia trans” va a “luchar” por la aprobación de la ley que recoge sus derechos.

 De esta manera lo explicó la presidenta de la entidad, Mar Cambrollé, en un vídeo en el que realizó un llamamiento a la participación en esta marcha que hará su salida de la Plaza de Pedro Zerolo en Chueca, a las 18.00 horas, y tendrá su broche final en la Plaza de Callao. Cambrollé aseguró que el colectivo va a luchar por esta norma “aunque sea con sus vidas” y explicó que a la manifestación pueden asistir “todas las personas que creen en la diversidad y el respeto”. 

“Llenemos las calles este sábado al grito de ley trans ya. Contra el fascismo, más derechos”, apuntó Cambrollé.