Puede que los cooperativistas de Xuxán solucionen el problema de acceso a sus viviendas. La cuestión, además de ser escandalosa por sí misma, afecta a un número suficiente de vecinos como para que se convierta en política. Y ya se sabe que cuando la política está por medio todo es posible. Incluso que se haga justicia. Pero esta historia vuelve a poner en evidencia lo absolutamente desamparado que está el ciudadano común, el contribuyente de a pie o el más simple de los mortales consumidores ante la Administración, las grandes empresas y las normas siempre redactadas a favor del más fuerte. Y de manera especial cuando compramos una casa, cuando se reclama una indemnización al seguro o cuando hay un problema con el banco, la eléctrica o la teleco de turno.

Ni entendemos a veces ni siquiera podemos leer lo que firmamos: una escritura, una póliza, una aceptación de condiciones contractuales. El flamante Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tan criticado en su elevación al nivel ministerial, o los diferentes departamentos, direcciones generales, secretarías de estado, consellerías o concejalías relacionadas con consumo tienen por delante un enorme trabajo. Por lo pronto, un trabajo de simplificación del lenguaje. Y, como mínimo, de protección al ciudadano que actúa de buena fe para que no tenga que acabar pagando el pato.

Dirán ustedes que de algo tienen que vivir abogados, gestores, notarios, registradores, administrativos y todo tipo de profesionales que navegan por los procelosos mares mercantiles, fiscales o, en todo caso, burocráticos. Y tienen razón. Leyes, normas, reglamentos o contratos se establecen para regular la conducta social, en principio con buena intención. Pero también está la costumbre, y no precisamente como fuente del Derecho, sino la costumbre de que el pringado sea el contribuyente, el cliente, la persona individual. La costumbre de que siempre se pueda pedir un requisito más, la de la lentitud, la de la ausencia de responsabilidad en el silencio administrativo o la negativa o la pérdida del expediente. La costumbre de que salga más barato pagar el recargo o la multa injusta que el proceso de reclamación. O, lo que es peor, la costumbre de que nos posicionemos y votemos a unos u otros por manías, grandes prejuicios ideológicos o por puro forofismo. Mientras todos, derechas e izquierdas, público o privado, Abanca o Santander, Naturgy o Endesa, R o Telefónica, Mapfre o Allianz (pongan ustedes los ejemplos que quieran), nos dejan igual de indefensos con sus maquinarias, sus procedimientos, su letra pequeña y su atención personal.

Nos  piden que votemos en el partido de máxima rivalidad Bilbao-Sabadell, o nos tratan de meter en los rediles de las renovables o de las nucleares, o en las filtraciones de tal o cual conversación por wasap (que si es peor “Luis, sé fuerte” o “que Page deje de tocar los…”), cuando en nuestra vida diaria tardamos quince días en que nos arreglen internet tras el apagón, nos clavan un rejón fiscal por donde menos te lo esperas, te suben la hipoteca, te rebajan la rentabilidad de los ahorros, te explican que eso no lo cubre el seguro o te engañan como a un ¿chino? (esta expresión habría que actualizarla) al entrar en una cooperativa… Y eso que está la administración detrás… ¿O será precisamente por eso?

A veces te das cuenta y no picas. Como cuando te ofrecen uno de esos préstamos rápidos al 15 o al 20% (sí, usureros con nombre comercial respetable). Pero en otras ocasiones aceptas porque necesitas un lugar donde vivir, usar un software o un seguro, o porque no reparas en que simplemente vas detrás de la zanahoria. Y nos pillan hasta las trancas. Ojalá los de Xuxán acaben librando, pero el problema no es de ellos, es de todos.