España tiene en materia económica muchas asignaturas pendientes. La modernización del mercado laboral es una de ellas. Pero, sin duda, la más útil y a la que más resisten los políticos es la que atañe al gasto público.

Desde el profesor José Barea, allá por 1996, nadie se ha atrevido a suprimir el gasto ineficiente y superfluo. Aquella Oficina Presupuestaria creada por Azna logró no sólo analizar las cuentas públicas sino poner en práctica lo que los análisis realizados recomendaban. Cierto que el actual ministro de Seguridad Social abordó el estudio del gasto público y llegó a la conclusión de que al menos 15.000 millones de gasto y otros 15.000 millones en subvenciones se gastan sin ningún control de eficiencia. Por supuesto, nadie le hizo caso. La prueba es evidente. Ahora que es ministro aplaude una subida brutal de impuestos sin que se le haya oído mencionar sus informes sobre el dinero público que podría recortarse.

El debate sobre la necesidad de reducir el gasto público ineficiente vuelve abrirse. El Instituto de Estudios Económicos acaba de presentar un informe en el que calcula que podría reducirse al menos un 14% equivalente a 60.000 millones de euros. España es, según el IEE, el país número 29 de la OCDE en eficiencia del gasto público. Incluso ha empeorado con relación al año previo a la pandemia. Lógicamente, mejorar en este campo supondría no tener que recurrir a subidas de impuestos masivas.

La izquierda siempre apuesta por subir los impuestos. Su mantra de que España está lejos de recaudar lo que recaudan otros países de nuestro entorno es sobre todo ideológico y contra eso es difícil luchar, aunque sea con informes económicos y empíricos por muy sesudos que sean. Madrid y otras autonomías han demostrado que bajar impuestos reactiva la economía, el consumo y el empleo y se acaba recaudando más. También se puede observar la apuesta de otros países por tener bajos impuestos y sus buenos resultados. Sin embargo, me temo que el debate sobre la eficiencia del gasto público tendrá que esperar y que el sablazo fiscal, si no hay nada que lo remedie, nos lo pegarán más pronto que tarde.

La mejora de la eficiencia del gasto no solo supondría un avance desde el punto de vista del déficit público, sino que implicaría incrementar potencial de crecimiento de la economía e incluso una disminución de la economía sumergida. Esta mejora de la eficiencia del gasto público permitiría avanzar en la consolidación fiscal “sin recurrir a subidas de impuestos”, e incluso aplicar “reducciones selectivas” de algunos tributos.