Juzguen ustedes

Los delitos de Estado no pueden ser considerados jamás servicios al Estado, esto que digo puede parecer una boutade, pero es directamente un crimen, como lo es el solo hecho de pensarlo, qué decir de consentirlos, jalearlos y premiarlos.

Constatada la evidencia, a todos nos vienen a la cabeza atrocidades cometidas por asalariados del Estado que han quedado impunes o no han sido castigados con el rigor que merecían. Pero no nos engañemos, no son solo los funcionarios los que lo han hecho. En esa misma consideración entran también aquellos que sin ser funcionarios de derecho lo son de hecho. Hablo de todos esos que han delinquido y delinquen al amparo de una ideología, de un partido o un delirio de carácter político y con cargo al Estado. Y hago especial hincapié en estos delincuentes porque es en su ámbito delictivo donde se produce con mayor frecuencia esa incalificable perversión de confundir el crimen de Estado con el servicio al Estado. Y es entre ellos donde se observa una mayor tendencia a ocultarlos, exonerarlos y en su caso beneficiarlos, en todos los casos con grave deterioro del Estado de derecho y el más elemental principio de igualdad ante la ley.

Los delitos cometidos por políticos o dentro de la política han venido rozando la impunidad para instalarse en ella. Son juzgados por tribunales puestos por ellos, con normas dictadas por ellos y si se les condena, penan en prisiones gobernadas por ellos.