Cuando te asaltan los problemas tienes dos posibilidades: no buscar más y tratar de solucionar los que tienes o crearte todos los posibles para que ninguno parezca el más importante. Y, siempre, echar la culpa a los demás. El presidente Sánchez y su Gobierno tienen unos cuantos y es difícil descubrir cuál es el mayor. La subida en cascada de los precios y de la inflación, que afectan ya gravemente al bolsillo de los ciudadanos y ponen en peligro la supervivencia de muchas empresas, es, seguramente, el más importante. Pero es que, además, el enfriamiento de la economía lleva consigo el crecimiento de la desconfianza de ciudadanos e inversores y apunta a la recesión. Lo peor es tratar de combatir el deterioro con “regalitos”. Las relaciones peligrosas con Marruecos y Argelia han creado un volcán que puede estallar con diversos focos. El nuevo asalto a la valla de Melilla con decenas de muertos y el apoyo incondicional de Sánchez a la acción de Marruecos no augura nada bueno. Y la cumbre de la OTAN con medio Gobierno montando y encabezando manifestaciones contra quienes defienden la democracia y la libertad, no va a hacer que recuperemos la confianza de nuestros socios. Ojalá salga bien.

Pero lo más grave es el descrédito de la política, la justicia y la economía por esa idea que Sánchez parece tener de España. Y lo que puede dejar cuando se vaya. La maniobra para que el Gobierno pueda elegir a dos miembros del Tribunal Constitucional y así garantizarse una mayoría “progresista”, permitiendo al Consejo General del Poder Judicial hacer otros dos nombramientos de vocales, cuando le prohíbe hacer los que son fundamentales para el funcionamiento diario de la Justicia, es un enorme escándalo porque demuestra que le importa un bledo la independencia de ambos órganos. Y, además, eso es insuficiente para su socio de Gobierno que lo que quiere es un Poder Judicial y un Tribunal Constitucional domesticados porque la Fiscalía General del Estado --a pesar de tener que renunciar al seguro profesional de la fiscal, rechazado por el Congreso-- como dijo el propio Sánchez ya está bajo control.

Y tan grave como esto es el control partidista de las instituciones y de las empresas públicas o de aquellas en las que el Estado tiene alguna participación. El caso de Indra, el último por ahora, ha provocado que el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores haya tocado el botón de alarma roja y, sobre todo, que los inversores --los grandes-- hayan empezado a vender y la firma sufra en Bolsa. Tras descabezar al anterior presidente y colocar a un socialista fiel al frente de la empresa, el Gobierno se cargó a los consejeros independientes y tomó todo el poder. Si pudiera, que afortunadamente no puede, haría lo mismo con el Banco de España, atacado desde todos los flancos del Gobierno porque su presidente no se pliega a los deseos del Gobierno y mantiene la independencia de la institución. Ahora la vista está puesta en el Instituto Nacional de Estadística, poco a poco desmantelado y sin renovación de personal cuyas cifras no gustan al Gobierno; en el CSIC, a cuyo frente en lugar de un/ científico/a se ha puesta a una doctora en ciencia política; y en el CIS donde se va a permitir a Tezanos, el hagiógrafo de Sánchez, contratar personal externo para poder prescindir de funcionarios en asuntos sensibles. Y eso sin hablar de Correos donde una mala gestión está llevando la empresa a la ruina o de la Agencia Española de Protección de Datos, donde el Tribunal Supremo tuvo que intervenir para paralizar otra cacicada. O de unos sindicatos silenciosos y desaparecidos en medio de la grave crisis económica y social. El ministro Escrivá, cuando era presidente de la AIReF, reclamaba “instituciones económicas independientes como instrumentos de contrapeso en las que pueda incurrir el poder político” y una evaluación objetiva de su desempeño. Ahora parece que lo que funciona es el blindaje y el “control orientado”.