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sábado | 20 abril | 2024
El Gobierno gallego autorizó en su reunión de ayer el inicio de la futura ley que se centrará en el aprovechamiento de recursos energéticos y naturales gallegos, y que prevé incorporar como novedad una figura de canon que grave las líneas de evacuación de los parques de eólica marina, con el objetivo de que sus beneficios también tengan retorno en la comunidad autónoma.
Al término del Consello da Xunta, Alfonso Rueda, ofreció detalles de la futura norma —por ejemplo, ratificó que englobará a todas las energías renovables e incluirá las concesiones hidráulicas y también las explotaciones mineras—, al tiempo que reveló la previsión de incorporar este nuevo gravamen que afectará a la eólica ‘offshore’.
En su comparecencia, recordó que, igual que en su día se impulsó un canon eólico para garantizar que las zonas en las que se instalaban los parques eólicos en tierra veían algún tipo de compensación por los efectos causados, el objetivo es dar pasos similares en la eólica marina, dentro del margen jurídico posible.
En este punto, indicó que la Xunta no tenía posibilidad de hacer un gravamen “en el lugar en el que se instalen” los parques de eólica marina, pero sí encontró otra vía a través de los estudios realizados por los servicios jurídicos autonómicos.
Así, la previsión es que la ley contemple crear un canon llamado a grabar las líneas eléctricas de evacuación que conectarán los parques ‘offshore’, una vez que lleguen a tierra, con las subestaciones eléctricas correspondientes. “Ahí sí que habría capacidad fiscal y la recaudación se realizaría con las mismas finalidades que actualmente tiene el canon eólico para los parques en tierra”, explicó Rueda.
De este modo, se centrará principalmente en que repercuta en los lugares donde se establezcan estas conexiones “y también en el sector de la pesca, además de garantizar la coexistencia de los recursos”, ahondó el presidente. Sobre el impacto económico que tendría el gravamen, precisó que es muy pronto para tener estimación, dado que aún está en el foco del debate la planificación de los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM).
El titular de la Xunta precisó que la norma que arranca su tramitación sitúa a Galicia no solo “a la vanguardia” en España sino también en Europa. Y la calificó de “pionera” e “innovadora”, convencido de que favorecerá el “arraigo social” de la eólica marina, “que va a crecer en los próximos años”.
Al respecto, Rueda insistió en que Galicia “no puede perder esta oportunidad”, ya que cuenta con “condiciones especialmente idóneas para aprovechar estos recursos” y tiene “un enorme potencial” para estar en el centro de la transición energética que va a vivir Europa.
En su intervención, Rueda repasó otras aportaciones de la futura ley ya avanzadas estos días, como el hecho de que establecerá que las declaraciones de impacto ambiental (DIA) evaluarán los efectos sociales y económicos de los proyectos.
Rueda ya había avanzado en la sesión de control de la Cámara gallega este miércoles que en la nueva ley se regularán aspectos como la medición de la participación de inversores locales, la creación de empleos en la zona, o la preservación de los bienes culturales y naturales de la zona del territorio, entre otras.
Y, en función de los resultados del estudio, reiteró que se contemplarán también las correspondientes compensaciones —como, por ejemplo, la reducción de la factura eléctrica a los particulares y empresas locales—.
Este análisis social y económico servirá también para determinar en qué proyectos podrá participar la futura ‘utility’, una sociedad mixta en la que participará la Xunta junto con otros agentes públicos y privados, con el objetivo de que parte de los beneficios que aprovechen recursos naturales tengan un impacto directo positivo en toda Galicia.
De hecho, Rueda insistió en que la futura empresa mixta no está pensada para entrar en todos los proyectos y, por cuestiones de carácter “jurídico”, solo se plantea su participación en los de nuevo impulso. “Entraremos solo en los que creamos oportuno hacerlo, en los que veamos que el beneficio y el retorno sería indudable”, argumentó.
Lo que dejó en el aire es la composición concreta de esta sociedad y el grado de participación pública, aunque indicó, como dato, que “cuanto más capacidad de decisión” pueda tener la Xunta, pues sería “mejor”. Pero recalcó que lo importante es que “funcione” y, antes de hablar de porcentajes, apeló a ver “el interés” que suscita la fórmula planteada.
Como posible test, apuntó a la fase de consulta pública de la ley y esgrimió que considera favorable que ayuntamientos o diputaciones puedan participar en la propia entidad o en proyectos concretos, según el caso. En el plano privado, más allá de grandes empresas, deseó que mostrasen interés “inversores locales”.
