Los ayuntamientos gallegos calculan una merma en la recaudación de 45 millones de euros con el nuevo Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Ivtnu), más conocido como plusvalía, al adaptarlo a la ley estatal que modifica la base de cálculo cuando se realiza una venta, herencia o donación de inmuebles.

“Hay una sentencia y como no puede ser de otro modo los ayuntamientos estamos cumpliéndola”, explica la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Así, reclaman que “se articule un mecanismo de compensación” por esa caída recaudatoria que prevé de 45 millones. Supone cerca del 2% de la recaudación local.

En octubre de 2021, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucionales y nulos una serie de artículos de la Ley de Haciendas Locales, que establecen un método para calcular el denominado impuesto de plusvalía, por asumir que el suelo urbano siempre se revaloriza.

Tras la aprobación del nuevo decreto que modifica este impuesto, en noviembre de 2021, se daba seis meses a los municipios gallegos para adaptar las ordenanzas fiscales a esta cuestión.

De este modo, existen disparidades entre la situación en cada municipio. El Ayuntamiento de Vigo destaca que ya fue “el primero” en la adaptación al nuevo impuesto, de forma que ya se publicó, y se estima una merma del 30%. En años pasados recaudaba en torno a 10 millones de euros por este concepto.

Santiago y Pontevedra

En cambio, en Santiago, la concejala de Facenda, Marta Abal, explica que todavía “se está tramitando” la modificación de las ordenanzas fiscales para realizar esta adaptación, de forma que su intención es que se pueda “llevar a pleno este mes”. En la capital de Galicia, se estima que la bajada en la recaudación será en torno al 20%, unos 700.000 euros menos.

Igualmente, el Ayuntamiento de Pontevedra está tramitando la modificación de la ordenanza, “después de haber hecho una consulta a la Dirección Xeral de Tributos que permite la aplicación de la ley mientras no se tramita la modificación de la ordenanza”. La repercusión en la recaudación puede ser de un 35%, alrededor de los 750.000 euros.

No obstante, en Lugo, donde ya está actualizada la normativa, el gobierno local “estima que no sufrirá una merma de la recaudación por ese concepto, sino todo lo contrario”, según fuentes municipales. La concejala de Gobernanza, Paula Alvarellos, remarca que “su entrada vigor supone un gran avance en cuanto a la simplificación administrativa”.