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viernes | 19 abril | 2024
La Xunta impulsará este año una modificación de la normativa de habitabilidad en Galicia, de modo que se eliminarán los requisitos necesarios para que los bajos comerciales se puedan convertir en viviendas.
En concreto, la reunión del Gobierno gallego de este jueves ha aprobado iniciar la tramitación de un anteproyecto de decreto que sustituirá al actualmente en vigor, aprobado en 2010, en el primer mandato de Alberto Núñez Feijóo.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha explicado que esta norma tenía "requisitos muy estrictos y obsoletos" para permitir reconvertir un bajo en una vivienda, por lo que ahora se eliminarán trabas que "a día de hoy no tenían mucho sentido" porque "cambiaron los hábitos" en la sociedad gallega.
"No se trata de evitar el uso comercial de los locales sino de posibilitar otros", ha matizado Rueda. El nuevo decreto va a "evitar la sensación de degradación que produce tener muchos bajos abandonados tanto en el centro como en los barrios de las ciudades".
"Y además hablamos de muchos sitios donde es difícil acceder a una vivienda en alquiler", ha justificado.
Eso sí, tal y como ha explicado durante las preguntas de la prensa, lo que permite el decreto es dar margen de maniobra a cada ayuntamiento, que es la administración que "tiene que decidir" y "adaptarlo a sus normativas".
Uno de los principales cambios será eliminar el requisito de una altura mínima de las ventanas para preservar la intimidad de los residentes de la vivienda.
A tal fin, se mantendrá con carácter general la exigencia de la protección de las vistas a estos domicilios, pero las administraciones locales podrán matizarlo e, incluso, eximirlo a través de la tramitación de un anexo de habitabilidad.
Rueda ha puesto como ejemplo aquellos bajos en los que "no es posible subir la altura de las ventanas". Con la nueva legislación, se podrá garantizar la intimidad a través de la instalación de "otros elementos" que eviten ver el interior.
También se flexibilizarán los requisitos que debe cumplir una vivienda para ser considerada exterior, exigencia prevista en las normas ahora vigentes. Así, el nuevo decreto permitirá a los ayuntamientos definir qué es un "espacio exterior" sin tener que modificar el planeamiento urbanístico municipal.
En este sentido, otro ejemplo que ha mencionado el presidente de la Xunta sería el caso de un derribo de un edificio. De este modo, el bajo del edificio adyacente podría tener una nueva salida al exterior.
Asimismo, la normativa flexibilizará exigencias para rehabilitaciones, rebajará la superficie mínima que deben tener las habitaciones y se adaptará a las circunstancias actuales del mercado como "la disposición de los elementos en los baños y aseos", entre otros cambios.
El presidente de la Xunta ha insistido en que todas las modificaciones propuestas están "consensuadas" tras ser analizadas y debatidas en el Observatorio de Vivenda de Galicia y el comité asesor de habitabilidad, que el año pasado mantuvo tres reuniones.
Tras recibir el visto bueno del Consello, el anteproyecto de decreto se someterá desde este viernes y hasta el próximo 13 de marzo a consulta pública previa, con la finalidad de recabar la opinión de profesionales, administraciones públicas y de la ciudadanía en general.
En paralelo, el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) de la Xunta comprará un total de 40 viviendas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como el 'banco malo', por 3,5 millones de euros para destinarlo a alquiler social.
Alfonso Rueda ha explicado que el objetivo es "garantizar" el acceso a la vivienda tanto de aquellas personas y familias afectadas por deshaucios hipotecarios como de colectivos desfavorecidos o en situación de exclusión.
De hecho, según ha afirmado el presidente de la Xunta, los inquilinos que actualmente ocupan estos inmuebles --en su mayor parte, están en situación de vulnerabilidad-- podrán seguir viviendo en ellos en las mismas condiciones.
Por ayuntamientos, estas 40 viviendas se repatirán de la siguiente manera: 10 en Vigo; cuatro en Vilagarcía de Arousa; tres en Cedeira, tres en O Porriño, tres en Salvaterra de Miño; dos en Cedeira, dos en Cee, dos en Salceda de Caselas, dos en Silleda; y una en A Coruña, Arteixo, Lalín, Poio y Ponteareas, respectivamente.
