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miércoles | 24 abril | 2024
Contar con una amplia oferta de viviendas de promoción autonómica es uno de los objetivos que se persigue desde el gobierno gallego y en cuanto se concluyen obras de construcciones de nueva planta o de rehabilitación de VPO –Viviendas de Protección Oficial–, ya sean públicas o privadas, éstas se ponen a disposición de los demandantes.
Por eso, todos los interesados en optar a un vivienda con estas características debe formar parte del Registro de Demandantes de Galicia, en el que pueden seleccionar el concello en el que quieren un hogar y así en cuanto se produzca un proceso de selección de adjudicatarios para viviendas tendrán la oportunidad de conseguirla. No es un tema sencillo ya que son muchos quienes integran estos registros. Los precios ajustados hacen que el número de demandantes sea alto, especialmente en aquellas que se ofertan en régimen de alquiler.
El coste también depende de la zona, si bien la mayoría de los concellos de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal que cuentan con interesados pertenecen a la calificada como zona 1. Solo Cabanas, Mañón, San Sadurniño y Valdoviño estaría en las dos, con precios algo más económicos por metro cuadrado de compra y alquiler.
El registro de demandantes de viviendas en los municipios de las tres comarcas asciende, a día de ayer, a 634 personas, la mayoría a la espera de un piso en régimen de arrendamiento.
Así las cosas, Ferrol cuenta con 284 peticiones de VPO de promoción pública en régimen de alquiler y 54 que quieren alquilar, pero con opción a compra.
Además, están apuntados en el registro otras diez personas para adquisición de vivienda de promoción privada en régimen general –las administraciones públicas aportan la edificación, el terreno o la financiación pero su construcción se efectúa a través de cooperativas o promotoras privadas–, cinco para alquiler de esta opción y dos para arrendar con opción de compra. En cuanto a núcleos rurales e históricos también se solicitan ocho viviendas en alquiler, cinco para adquisición y cuatro para arrendamiento con posibilidad de propiedad. La promoción privada en régimen especial, – destinada a personas con unos ingresos económicos mucho más limitados–, aunque con menos demanda, cuenta con 12 solicitantes para las tres opciones de contar con un piso.
Narón es la segunda localidad con mayor número de demanda para viviendas oficiales de promociones públicas y privadas. Son actualmente 165 y las más reclamadas son tanto la opción de VPO de promoción pública como privada, para alquiler.
En As Pontes también hay un número elevado de solicitudes, que ascienden a 33 y, en este caso, las únicas opciones que se barajan son las de promoción pública, tanto en alquiler –30– como con la opción a compra –dos– y una para adquisición.
Los concellos que completan el interés de los ciudadanos por conseguir un piso protegido en las comarcas son los de Ares –nueve, para VPO mayoritariamente pública pero también privada–; Cabanas –dos, de alquiler–; –Fene –con nueve demandantes en el registro, la mayoría en este caso para alquiler con opción a compra–; Mañón –seis solicitantes de VPP–; Mugardos –cuatro–; Neda –dos, para las dos modalidades de alquiler–; Pontedeume –una, para VPO privada en régimen de alquiler–; San Sadurniño –con un demandante para vivienda pública– y Valdoviño –con seis inscritos en el registro, tres para VPO pública, uno para núcleos rurales o cascos históricos y otro para alquiler en régimen especial–.
Este mismo año se produjo la adjudicación de una decena de viviendas de promoción pública en Ferrol, la mayoría en el barrio de Caranza aunque también en Catabois. A la obra nueva o inmuebles públicos reparados para segundas o posteriores adjudicaciones se irán sumando las viviendas que se generen de las rehabilitaciones del plan Rexurbe que se está llevando a cabo por parte de la Xunta en el barrio de Ferrol Vello.
Además, existe una petición al Sareb para que el Gobierno ceda al IGVS los activos inmobiliarios de uso residencial que reúnan las condiciones de habitabilidad y que se emplacen en zonas donde se reclaman pisos, con el fin de incrementar la oferta de alternativas habitacionales públicas y agilizar la respuesta del registro de demandantes de vivienda.
