Casi dos años y medio después del plazo que se impuso la ley que lo creaba –la 21/2022, de 19 de octubre–, el BOE publicó ayer el decreto que regula los requisitos y el procedimiento para que las víctimas del amianto puedan recurrir al fondo de compensación. 

Aunque buena parte del contenido y de los cambios introducidos ya se conocían, la asociación que aglutina a la mayoría de los afectados, Agavida, estudiará el texto en una reunión que se celebrará mañana viernes. De todos modos, su presidente, Xoán Xosé Pita, explica, a título personal, que “hai demandas que non se recollen”, como, por ejemplo, que las indemnizaciones estén exentas de tributar.

Pita recuerda que el fondo de compensación era una demanda histórica que desde hace mucho tiempo existe en otros países y lamenta que se haya tardado tanto en publicar. Destaca, en ese sentido, que con la creación de este mecanismo que trata de mitigar “un dano que nunca se vai poder resarcir porque moitos xa non están”, precisa Pita, se finaliza el calvario de muchas familias que perdieron o tienen enfermos a familiares y que no podían reclamar porque “as empresas para as que traballaron e onde enfermaron non existían xa”.

Compensaciones

Por otra parte, para las que ya lo pueden hacer la compensación “fáiselles insuficiente porque ten habido indemnizacións pola vía xudicial de máis de 100.000 euros, cando aquí estase a mover nunha horquilla de 32.000 a 96.000 euros”. 

Efectivamente, el decreto cuantifica las compensaciones para los cuatro supuestos que reconoce hasta el momento –y esta es precisamente una batalla que las asociaciones de víctimas van a seguir dando–: 96.621,24 euros para los mesoteliomas; 64.414,16 para los que padecen cáncer de pulmón; 48.310,62 para los enfermos de cáncer de laringe y 32.207,08 para las asbestosis con repercusión funcional moderada o severa.

“Consideramos que non son as contías axeitadas”, apunta Pita, “e o único positivo é que establece unha canle para a reclamación, evitando os procesos xudiciais. Aínda que logo teremos que ver como se pon en marcha, o áxil que sexa e de que maneira resolve o INSS”, añade.

Víctimas 

Agavida estima que hay alrededor de 10.000 afectados en toda la comarca, una de las que más acusa la incidencia de este problema de salud laboral y pública. “Non é só a xente que vén á asociación”, explica su presidente, “pois hai xente que non vén e está afectada”.

Casi todos trabajaron en el sector naval, pero también hay muchos afectados en el sector de la construcción, de los talleres de coches... “E tamén en Marina”, destaca Pita, que señala en concreto el tipo de amianto de los buques, “especialmente os norteamericanos” como “o máis mortífero de todos”. 

Por último, el presidente de Agavida recalca que los supuestos incluidos no son suficientes.