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sábado | 20 abril | 2024
El proyecto de reparcelación del Sánchez Aguilera, que supone el último paso administrativo antes de elevar a pleno el Convenio con Defensa para la aprobación del texto definitivo y que las parcelas integradas en el acuerdo, hoy propiedad del Ministerio, pasen al Concello, todavía deberá solventar algunas cuestiones antes de que pueda ser aprobado definitivamente.
Aunque el alcalde, Ángel Mato, señalaba el pasado jueves que solo le constaba la presentación de una alegación –del Partido Popular–, al Plan Especial de Reforma Interior PERI-2R Sánchez Aguilera; el BNG daba a conocer ayer sus alegaciones, que, junto a la de un particular, completan las presentadas.
Antes de que el proyecto sea aprobado en pleno deberán resolverse las alegaciones y de esas respuestas puede depender el apoyo de los grupos municipales y la consecución o no de la mayoría suficiente.
Como detalló el portavoz nacionalista, Iván Rivas, sus alegaciones se basan en la necesidad de más zonas verdes en la ciudad para un desarrollo urbano sostenible.
El BNG apunta que el plan especial se basa en criterios urbanísticos del año 2000, cuando, en plena burbuja inmobiliaria, se planteaban 460 viviendas y un centro comercial de 24.000 metros cuadrados construidos. La propuesta nacionalista pasa por una redefinición del espacio, por lo que apuesta por recalificar el suelo del cuartel y convertir el espacio de 96.000 metros cuadrados en una zona verde y libre que conecte los barrios de A Magdalena, Canido y Catabois. Reclama asimismo en sus alegaciones que se desvincule el convenio con Defensa del Pepri del cuartel.
Rivas habla de una falta de rigor y coherencia al recurrir a la valoración actual para poner precio al 10% de cesión de suelo que le corresponde a la administración local y que debe entregar a Defensa mientras que se emplea la valoración de 2015 del Invied para compensar las propiedades que entrega Defensa al Concello.
Con respecto a la alegación presentada por el grupo popular, esta se refiere, como se informó, al aparcamiento del Sánchez Aguilera. Como explicó ayer el portavoz popular, José Manuel Rey, el proyecto de reparcelación suprime este parking en cuanto a los equipamientos previstos y con la alegación se pretende que se recupere ese espacio que sí está recogido en el plan especial, aprobado en el año 2000.
Además, la alegación estima la diferencia de gastos entre el plan especial y el de equisitribución en 3,5 millones de euros, que con los valores actualizados se elevaría hasta 4,7 millones.
El PP apunta a que el proyecto de reparcelación no puede modificar el Pepri y, por eso, reclama la incorporación de las plazas de aparcamiento públicas que están aprobadas.
Pese a que la presentación de alegaciones y su resolución podría demorar la aprobación del acuerdo con defensa, Rey Varela aseguró que su partido está comprometido con el convenio y con que se de cumplimiento al plan especial aprobado en 2010.
Los populares afirman que es hora de que se apruebe el proyecto de equidistribución y el convenio, de modo “que se ponga fin a ocho años de paralización para uno de los proyectos urbanísticos más importantes de la ciudad”.
