La comisión de Urbanismo celebrada ayer dictaminó favorablemente la desestimación de alegaciones a la reparcelación del Sánchez Aguilera, el último trámite para hacer efectivo el convenio con el Ministerio de Defensa, que supondrá para la ciudad la propiedad de una decena de parcelas, entre ellas la del antiguo acuartelamiento en la zona urbana de la ciudad. Pero este visto bueno no supone todavía el último escalón hasta llevar a la ratificación y firma del acuerdo, ya que el ejecutivo local –en minoría en la corporación– requiere del apoyo del grupo popular para poder hacer realidad este reto, que el propio alcalde, Ángel Mato, señaló como la cuestión a resolver más importante del mandato.

Los populares se abstuvieron en la comisión de ayer, por lo que, aunque el pleno podría convocarse ya, el ejecutivo está dispuesto a esperar para poder hacer realidad este tema, que se remonta a décadas atrás.

Las “garantías” que el portavoz municipal del PP, José Manuel Rey, reclamaba para poder apoyar el convenio siguen, a su juicio, sin aportarse, por lo que su grupo ha registrado formalmente una petición de informe jurídico para que “arroje claridad, con luz y taquígrafos” sobre el expediente que se ha llevado a comisión.

Aunque el portavoz popular asegura que su objetivo es “ratificar el convenio”, también considera que “en estos momentos no se dan las garantías jurídicas”.

En este sentido, Rey Varela afirma que el expediente que se les trasladó está incompleto y no incluye todos los informes a los que se hacía mención en la propuesta al pleno ni se da respuesta clara a las dudas manifestadas “pues consta en la memoria justificativa del expediente una inversión de 13 millones de euros que era el importe del proyecto de equidistribución previo a la aceptación de la alegación realizada el pasado mes de octubre”.

Por esto, el PP lamenta “las prisas que hacen que venga un expediente incompleto y con demasiadas incógnitas, que pueden poner en riesgo la seguridad jurídica del acuerdo”.

El concejal de Urbanismo, Julián Reina, aseguró que en la comisión se respondieron “unha por unha” todas las dudas y preguntas del grupo del PP. De todos modos, el alcalde, Ángel Mato, afirmó que “en aras da transparencia” además de haber dado respuesta en comisión, se redactará el informe que solicitan para aclarar cualquier inquietud que tengan los ediles del PP, asegurando que “a tramitación que se levou a cabo é impecable e conta con todos os parabéns dos órganos e técnicos correspondentes”.

Una vez que esto quede solventado, el convenio con el Invied –Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa– podrá llevarse a pleno y ver la luz tras años de espera.

Desde el grupo de José Manuel Rey se esperará a conocer el documento solicitado, asegurando que el alcalde ya ha cometido “contradicciones con este tema”, afirmando que el expediente estaba completo cuando, asegura Rey, “faltaban informes por elaborar y ha habido bailes de fechas sobre la aprobación de un tema estratégico y crucial para los intereses de la ciudad”.

No duda en asegurar que el gobierno “ha demostrado que no es de fiar” y lo acusa de “opacidad y falta de información en este tema” por lo que se ven “obligados” a pedir este informe para asegurarse de que no surjan problemas en el próximo mandato.

Desbloqueo

De todos modos, desde el grupo popular se mantiene que existe una predisposición por parte del PP para que el convenio entre el Ministerio de Defensa y el Concello de Ferrol pueda ratificarse y desbloquear una situación “que lleva guardada en un cajón desde el año 2015”.

Así, no considera que sea un problema esperar por ese informe, ya que “si el gobierno tiene claro que no existe ningún perjuicio para el ayuntamiento y la seguridad jurídica del convenio no corre peligro, este informe lo corroborará y podremos apoyarlo”.

Pese a que el ejecutivo parece dirigir su meta en el apoyo del PP –necesitaría, de no ser así, el de Ferrol en Común y el del BNG–,  los nacionalistas, cuyas alegaciones han sido rechazadas, reiteran su ofrecimiento a alcanzar un acuerdo. Eso sí, pasaría por dejar de avalar el convenio con Defensa del Partido Popular, del que critican que prevé la construcción de un macrocentro comercial en plena ciudad, 460 viviendas y el pago de medio millón por determinados terrenos. Su objetivo sería convertir el espacio del Sánchez Aguilera en una gran zona verde para la ciudad, algo que no parece estar en los planes del ejecutivo de Ángel Mato.

Este recuerda que el convenio supondría, además del acuartelamiento, el polvorín de Mougá, el polígono de tiro de Catabois, el cuartelillo de San Luis, el campamento de Covas, el cuartelillo de Monte Covas, el polígono de tiro de Doniños, la estación torpedista de la Armada, en San Felipe y el observatorio meteorológico de Monteventoso. También pasaría a manos municipales la estación de radio El Molino en Mandiá, que permitiría la dotación de suelo industrial en el municipio.