El palacio municipal de Ferrol acogió esta mañana el pleno ordinario del mes de junio, una sesión, la primera del tercer año de mandato, más larga de lo habitual y marcada por algunos momentos de tensión pero también por el acuerdo de los grupos en temas de corte social. Asimismo, el encuentro también supuso el estreno del nuevo sistema de videoactas, que además de facilitar el trabajo de los funcionarios del Concello supuso un salto cualitativo en la retransmisión por internet.

Así, el pleno arrancó abordándose el Plan de Acción derivado del informe del control financiero del ejercicio 2023. En este punto, desde el grupo de gobierno se defendieron las diferentes acciones realizadas de cara a sanear la contabilidad municipal, destacándose la implantación de un nuevo programa de contabilidad y las medidas para “solucionar” los problemas financieros de Emafesa, la Sociedade Mixta de Turismo y el convenio con la Autoridad Portuaria.

La oposición, por su parte, criticó que se obviasen los servicios que permanecen sin contrato y los reparos, además de la propensión del gobierno local por las subvenciones nominativas. Sin embargo, parte de los reproches de este punto, concretamente los relativos al Puerto, se reservaron para el segundo punto, sobre la modificación de saldos de ejercicios cerrados –es decir, el acuerdo firmado con el organismo que preside Francisco Barea relativo a las reclamaciones económicas del gobierno local–.

Y es que, mientras el grupo de gobierno y el PSOE defendieron este pacto firmado en 2020 por el entonces alcalde, Ángel Mato, y el presidente del Puerto, el resto de grupos de la oposición insistieron en que se trataba de una amnistía, incidiendo en que los terrenos cedidos al municipio se anunciaron en un principio como gratuitos. De un modo más concreto, Ferrol en Común afeó que no se contemplasen conceptos como el mantenimiento de zonas verdes y viales, mientras que el BNG insistió en que se volvía a mantener los privilegios.

Posteriormente, también se dio cuenta de la memoria justificativa de las subvenciones nominativas a entidades vecinales. En este caso, de la oposición solo intervinieron los portavoces de FeC –para felicitar al área de Participación por su trabajo– y del BNG –para apuntar que parte de la labor de estas entidades podría ser realizada por el Concello–.

Mociones

El apartado de mociones, por otro lado, comenzó con una propuesta del grupo socialista relativa al futuro skatepark en el parque Antón Varela de Canido. En este caso, mientras que el PSOE y el BNG defendieron que este equipamiento desprestigiaría el lugar como espacio de la memoria, además de mermar una zona verde del municipio, Ferrol en Común se mostró partidario de la idea de un uso compartido siempre que se atendiesen las iniciativas presentadas por los vecinos, considerando que incluso podría ser beneficiosos para la visibilidad del memorial.

El gobierno, por su parte, rechazó que fuese un proyecto improvisado, señalando también que ninguna de las ubicaciones alternativas propuestas por el PSOE se ajustaban a la legalidad o eran parcelas privadas. La moción se rechazó con 13 votos en contra y dos abstenciones.

La siguiente propuesta, conjunta de los tres grupos de la oposición, buscaba que el Concello instase a la Xunta a que garantizase que se cubriesen las necesidades de los alumnos de educación especial. En este caso, mientras que las formaciones proponientes incidieron en las carencias actuales del sistema educativo autonómico respecto a esta situación, la edila de Educación, Patricia Cons, defendió que, pese a no ser perfecto, sí que ponía a disposición de los centros de enseñanza herramientas para dar respuesta a estas coyunturas, por lo que finalmente el ejecutivo ferrolano no apoyo la moción.

Donde sí se dio un acuerdo unánime fue en una propuesta del grupo popular que buscaba “aclarar” el apoyo de la Diputación a la reforma del parque deportivo de Caranza. Las obras, señaló el presidente del club Galicia de Caranza, acumulan un retraso de 27 meses por la demora en la firma del convenio con la institución provincial para sufragar parte del proyecto. Así, gobierno y oposición se echaron en cara que no se podían “saltar” expedientes y que la financiación comprometida se redujo a causa del cambio de iluminación de A Malata. No obstante, tras aceptar el ejecutivo ferrolano aportar con fondos propios la cuantía necesaria de no firmarse el convenio, la moción se aprobó con 18 votos a favor y siete abstenciones.

La siguiente propuesta conjunta, relativa a la Cocina Económica, resultó controvertida –además de ser rechazada por la dirección de la propia entidad–, pues todos los grupos políticos se mostraron de acuerdo en la práctica totalidad de los argumentos. Así, gobierno y oposición –estos últimos insistieron en que no buscaban entrometerse en el funcionamiento interno del ente, sino que era una cuestión laboral– coincidieron en la importancia del ente y su labor, además de mostrarse preocupados por que se optase por un servicio de cátering para los desayunos y las cenas. Desafortunadamente, la moción se rechazó al no admitirse una enmienda de los populares relativa al convenio que se tiene con la misma –la edila Rosa Martínez explicó que la Cocina no aceptaría un nuevo acuerdo, pero a su vez el resto de formaciones señaron que la formulación planteada por el Consistorio no garantizaría ni el servicio ni los puestos de trabajo–.

Por último, las mociones en apoyo al colectivo Lgtbi+ presentadas por separado por Ferrol en Común y el BNG se defendieron en conjunto, dada la similitud de las mismas. No obstante, al estar divididas en varios puntos se realizó una votación separada por secciones, siendo aprobada parcialmente.

Aprobada por unanimidad la declaración por la modernización del servicio ferroviario

Uno de los momentos destacados de la sesión fue el anuncio por parte del alcalde, José Manuel Rey, de que a última hora de la jornada anterior se había remitido al Concello el texto definitivo realizado en consenso por el Foro Cidadán polo Ferrocarril y los grupos políticos. Así, pese a no estar en el orden del día, se declaró un receso de diez minutos para deliberar si se incluía el documento en este pleno o si se retrasaba la declaración institucional hasta el siguiente, que tendrá lugar en un principio el 31 de julio. Finalmente, se optó por no demorar la propuesta, dándose la palabra a Armando Lema, uno de los portavoces del colectivo, que procedió a la lectura del texto consensuado.

De este modo, en la declaración se reivindica un servicio ferroviario de calidad, con un trazado moderno y unos tiempos de viaje aceptables. También se solicita la reposición de los trayectos a Madrid suprimidos este mismo año, la creación de un sistema de cercanías con A Coruña, resolver las alegaciones al bypass de Betanzos y, en general, un trazado propio del siglo XXI.