Éxito de convocatoria en Ferrol para la huelga de agentes medioambientales

La totalidad de los agentes forestales y medioambientales de la comarca de Ferrolterra secundan la huelga del sector, convocada desde el sindicato CIG Autonómica y la Federación de Servicios Públicos de la UGT desde el día de ayer hasta el próximo viernes 27 de julio.
Según los datos recogidos por ambas organizaciones de trabajadores el apoyo está resultando masivo, aun a pesar de que los servicios mínimos impuestos desde la Administración impiden a muchos de estos profesionales ejercer su derecho a movilizarse. Más concretamente el 20% de los agentes facultativos medioambientales –dependientes de la Consellería de Medio Ambiente–, deben cubrir esos mínimos, mientras que el 100% de los forestales –propios de Medio Rural–, están obligados a ir a su puesto de trabajo.

Más allá del sueldo
Las reivindicaciones de este colectivo poco tienen que ver con un aumento en el salario, según comentan desde los sindicatos. José Martín López Vázquez, portavoz de la UGT, señala que desde las dos consellerías han ofrecido una suma de dinero justa, pero que la cantidad nunca ha sido el problema. “Es el contenido”, asegura, refiriéndose a las condiciones concretas de ese aumento. Según López Vázquez esos incrementos estarían ligados a las guardias de los trabajadores y no a los complementos. Esto se traduce en que el personal de baja, hospitalizado o de vacaciones no se vería beneficiado por ese incremento.
La fórmula, además, supone una carga extraordinaria para aquellos trabajadores que deban conciliar la familia con el deber, pues obtener ese incremento viene de la mano de renunciar al propio tiempo libre. Desde los sindicatos señalan que el cobro de un salario no debe ir ligado a una renuncia del tiempo de ocio y familiar, especialmente cuando otros cuerpos de conservación del patrimonio natural, como puede ser el de Guardacostas, no se ven en la misma situación. Como señala el representante de UGT, estos cuerpos poseen la total responsabilidad en caso de una catástrofe; Guardia Civil, Bomberos o Policía Local, todos se encuentran bajo su mando en caso de una grave incidencia, mas esa labor de coordinación no se suele ver reconocida.
José Manuel Couselo Pena, portavoz de la federación autonómica del sindicato CIG, señaló además los abusos sufridos por los trabajadores mediante los turnos y guardias, estableciendo en ocasiones jornadas laborales de 12 horas sin respetar, por otra parte, las 48 de descanso establecidas por ley. Esta configuración horaria evita, además, la realización de una segunda actividad, algo crucial para muchos miembros de los cuerpos que ya han superado los 50 años y podrían optar a puestos combinados con otras administraciones.

Un intermediario ajeno
Otra gran problemática destacada por los sindicatos es la imposibilidad de negociación directa con las consellerías. De acuerdo a las organizaciones de trabajadores toda mediación debe de ser efectuada por el director general de Función Pública, José María Barreiro. Como señalan las asociaciones el papel de Barreiro en esta situación es muy duro, pues si bien trata de llevar las negociaciones de la mejor forma posible no pertenece al gremio. Como asegura López Vázquez, Barreiro es un economista, una persona totalmente ajena al trabajo, y por tanto, desconocedor de las condiciones del mismo. Esta posición foránea deja muy poco margen de maniobra al director general, que debe lidiar con secretarios y agentes por igual. l