Navantia tiene ante sí una oportunidad de oro: la construcción de once fragatas ligeras, basadas en el modelo de corbeta Alfa 3.000, para la Royal Australian Navy (RAN). Este relato puede resultar familiar para aquellas personas acostumbradas a seguir los concursos internacionales en los que participa el grupo naval público español. No obstante, los ecos al infame programa SEA-5000 de 2018 no son una casualidad, sino la consecuencia de una cadena de acontecimientos derivada de la polémica adjudicación de este a la corporación británica BAE Systems.
Así, la empresa nacional ha sido una de las cuatro nombradas en un informe independiente solicitado el año pasado por el Gobierno de Australia como candidatas ideales para la fabricación de una nueva serie de buques para reforzar las capacidades marítimas de la nación oceánica. Sin embargo, antes de abordar el efecto dominó que ha llevado al grupo naval a tener esta nueva oportunidad, cabe señalar que, por el momento, se trata de una propuesta, una sugerencia del mencionado documento, y no de un contrato en sí.
La cadena de acontecimientos que ha propiciado esta coyuntura comenzó con la propia adjudicación a BAE Systems del proyecto SEA-5000. A pesar de partir como favorita, tanto por experiencia con la Armada australiana como por la madurez de su propuesta, Navantia se vio superada por la británica; una decisión polémica porque no solo faltaba a los criterios económicos y técnicos del concurso, sino también porque se había seleccionado el único modelo que jamás se había construido –el requisito fundamental es que se usase como base buques ya operativos–.
De esta forma, los retrasos acumulados y, por encima de todo, el creciente sobrecoste de los navíos –unos 18 meses, que siguen aumentando, y un incremento del 50% sobre una base de 18.500 millones de euros–, sumada a la impopularidad del proyecto, llevó al Partido Verde australiano a solicitar, en septiembre de 2023, una revisión por parte de la Comisión Anti-Corrupción del proyecto.
Si bien esta iniciativa no terminó de prosperar, removió las aguas en dos frentes paralelos: por un lado, se filtró a los medios que dos de los oficiales de la Armada responsables de la adjudicación, Paddy Fritzpatrick y Tim Barrett –ambos ya retirados– presionaron para que hubiese un cambio de criterios y se favoreciese la oferta del Reino Unido. De hecho, a la tesis de que el Gobierno había favorecido a la británica como concesión a un Londres sumido en el Brexit, se unía el descubrir que Barret era ahora consejero de BAE.
Por otro, los retrasos del contrato en un momento de grave tensión internacional incomodaban a las Fuerzas Armadas, que veían que su flota se quedaba pequeña y obsoleta en comparación a las de otras como China. En consecuencia, las autoridades castrenses mostraron su descontento en la última revisión de sus capacidades, lo que llevó al Gobierno a solicitar un informe independiente sobre las capacidades de la Armada –elaborado por un equipo técnico liderado por el vicealmirante retirado William Hilarides de los Estados Unidos y bautizado como ”Surface Fleet Review”–.
Tras meses de filtraciones, el mencionado análisis se hizo público el pasado 20 de febrero, confirmando buena parte de las conjeturas pero, al mismo tiempo, provocando una respuesta que nadie había previsto. Y es que, desde comienzos de año se sabía que el equipo de Hilarides iba a proponer un sistema de niveles de defensa –Tier 1 y 2–, pero no que esto traería consigo una inversión masiva en nuevos navíos.
Yendo por partes, el primer escalafón estaría compuesto por nueve buques: las tres fragatas de la clase “Hobart” ya existentes y basadas en la F-100 de Navantia y otras seis “Hunter” –el futuro modelo de BAE, que, como se esperaba, se reduce en tres unidades para paliar los sobrecostes–. No obstante, también recomienda realizar un importante gasto en actualizar las primeras y adquirir seis Buques Grandes de Superficie de Dotación Opcional –LOSVs, en inglés– con 32 células de lanzamiento cada una y equipadas con el sistema de defensa Aegis.
El segundo nivel estaría compuesto por siete navíos –idóneamente once–, “optimizados para guerra submarina” y que pudiesen operar de forma independiente o en conjunto con los del Tier 1. Son precisamente estos once barcos, que sustituirían de forma paulatina a la clase “Anzac” de la Armada australiana, a los que optaría Navantia. A estos se sumarían otros 25 buques de guerra “menores” de los que la nación oceánica ya dispone –como las patrulleras “Arafura”–.
Y así se llega a la sugerencia de Navantia como candidata idónea para conformar el grueso del segundo nivel. El grupo naval se enfrentaría, de este modo, a la Meko A-200 de la alemana Thyssenkrupp Marine Systems, la Mogami 30FF, de la nipona Mitsubishi Heavy Industries, y la Daegu FFX de la coreana Daewoo Shipbuilding. En el caso del grupo español, la Alfa 3.000 cuenta con un largo recorrido, siendo Arabia Saudí la última nación en adquirirla, lo que prueba su fiabilidad. Asimismo, Navantia también cuenta con la ventaja de tener una filial australiana y experiencia fabricando en el país, lo que jugaría en su favor a la hora de cumplir el ajustado calendario marcado (2040) y de ganarse el favor de la ciudadanía con una producción híbrida o local.