La Diputación de A Coruña y el Partido Popular de Ferrol protagonizaron ayer un duro cruce de acusaciones relativas a la tramitación de la reforma del campo deportivo de Caranza.

Por una parte, el organismo provincial acusó al gobierno ferrolano de abandonar el proceso durante más de un año, no dando respuesta a un requerimiento de documentación para avanzar en el convenio para subvencionar la actuación. Por otra, los populares aseguraron que se realizaron todas las gestiones pertinentes desde la firma del protocolo de actuación en marzo de 2023, denunciando así que la institución “compromete su palabra según el color político”.

Y es que el PP presentó casi en paralelo sendas mociones en el pleno municipal y en el provincial para instar a la Diputación a que cumpla con su promesa de financiación, siendo aprobada la primera y rechazada la segunda. Curiosamente, tanto el organismo como el gobierno local se comprometieron en ambas sesiones a facilitar la consecución del proyecto –en el caso del ente supramunicipal, a retomar el convenio de no solventarse otro similar con la Xunta y, en el del Concello, a sufragar los costes de continuar paralizado el pacto con la Diputación–.

Argumentos enfrentados

Respecto a los argumentos que esgrime cada parte, el organismo provincial detalló que, tras firmar el protocolo de actuación en 2023, se realizó en octubre de ese mismo año un requerimiento de documentación al gobierno ferrolano al que no hubo respuesta. Asimismo, también se apuntó que el Consistorio había asegurado que no solicitaría ninguna otra ayuda para la intervención, pero que apenas unos meses más tarde, en febrero de 2024, firmó un convenio con la Xunta “de 18 millóns de euros para a mellora de infraestructuras deportivas” en el que se incluía una partida de 800.000 euros para esta misma actuación.

Los populares, por otro lado, rechazaron por completo este relato, afirmando que tan solo cuatro meses después de firmar el mencionado protocolo, la Diputación comunicó una reducción de 120.000 euros de la cuantía comprometida –pasando de 600.000 a 480.000 euos–, algo que el Concello aceptó, incrementando su aportación. Del mismo modo, la agrupación local ofreció una relación de fechas –con sus correspondientes números de registro– sobre los diferentes pasos dados por la administración local en relación al proyecto.

De este modo, el PP detalló que entre el 19 de octubre de 2023 y el 4 de diciembre del mismo año se remitieron los proyectos básicos y de ejecución, así como los informes favorables del arquitecto municipal y de la Dirección Xeral de Patrimonio. Asimismo, entre finales de 2023 y diciembre de 2024 se revisó la propuesta en varias ocasiones hasta ser aprobada, recibiendo el visto bueno de la Xunta de Goberno Local en febrero de 2025.