A comienzos del pasado 2024, el Gobierno central hizo oficial el Plan Nacional del Radón, una hoja de ruta desarrollada tanto para servir como base para regular el control de este gas radiactivo como para fijar un marco divulgativo sobre el mismo entre la población. Esta iniciativa, a su vez, complementaba el Real Decreto 1029/22, que establecía la normativa referente a este elemento en entornos laborales y que, tras entrar en vigor el 22 de junio de 2024, hacía obligatorias las mediciones en puestos de trabajo –concretamente en sótanos y plantas bajas– situados en áreas catalogadas como “zona 2”, como es el caso de Ferrolterra.

En este contexto, el gobierno local de Ferrol comenzó en el mes de marzo el proceso de instalación de detectores de trazas en todas las dependencias municipales para cumplir con este requerimiento legal. Tal y como explicó esta semana la edila responsable de los departamentos de Facenda y Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, esta iniciativa arrancó diez meses atrás, con la contratación de la nueva técnica municipal de Riesgos Laborales tras desbloquear la convocatoria procedente de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2019 –si bien el procedimiento se inició el 8 de febrero de 2023–.

“Se han instalado 60 medidores en todas partes, como el consistorio, el cementerio, la Casa de Acollida, el cuartel de la Policía Local y el parque de bomberos, en Benestar, en la Casa da Muller... es decir, en todas las dependencias oficiales del Concello”, detalla Sanjurjo. Se trata de medidores de trazas de larga duración, capaces de ofrecer datos de concentración de radón en diferentes franjas horarias, y que permanecerán colocados hasta finales de verano. En este sentido, la concejala detalla que deben estar instalados un mínimo de tres meses, pero que se ha optado por ampliar dicho período “para que tenga mayor efectividad”.

En cuanto al contrato en sí, la responsable de Facenda detalló que ha tenido un coste de 2.541 euros y que fue adjudicado al Laboratorio de Radón de Galicia gracias a un convenio del Concello con la Universidade de Santiago de Compostela –el primero es dependiente de esta institución– a través de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Y es que, en virtud de dicho acuerdo, el gobierno local logró un descuento del 12,5% en el precio de cada detector de trazas –pasando de 40 euros por unidad a 35–.

Este laboratorio, profundizó Susana Sanjurjo, es una de las dos entidades autorizadas en toda la Comunidad Autónoma para hacer estas mediciones por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), además de ser “referente a nivel internacional” y participar en la elaboración de un documento modelo para la Organización Mundial de la Salud (OMS). De este modo, una vez concluya el período establecido, se retirarán los elementos y, en base a los resultados obtenidos, se procederá a ejecutar medidas correctoras en caso de ser necesarias –por ejemplo, desarrollando sistemas de renovación de aire o de aislamiento en el caso de dependencias subterráneas–.

Otras acciones

Al margen de los medidores de radón, la concejala señaló que la nueva técnica municipal –de la cual destacó su buen trabajo y su proactividad desde que tomó posesión del cargo– está poniendo en marcha numerosas iniciativas y procedimientos referentes a la Prevención de Riesgos Laborales (PRL).

La más importante de estas acciones, aún en fase de desarrollo, es el establecimiento de un Sistema de PRL propio. En este sentido, Sanjurjo explica que la normativa obliga a contar con este protocolo si se tienen más de 500 empleados, además de ser mucho más eficiente que subcontratar otro a una empresa sin conocimientos locales.