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domingo | 28 abril | 2024
La creación de un fondo de compensación para víctimas del amianto, una asignatura pendiente de España frente a otros países de la Unión Europea, ha sido de todo menos sencilla. Pese a partir de una iniciativa del Parlamento del País Vasco del 2013, no fue hasta julio del año pasado que el Congreso daba luz verde a este proyecto, aprobándose la legislación en octubre y estableciendo un período de tres meses –no cumplido– para desarrollar su reglamento.
Así, tras presentarse este verano el borrador de la mencionada informativa, el BNG dio cuenta esta mañana de las diferentes alegaciones que presentará al texto vía proposición no de Ley en el Congreso. De este modo, la formación nacionalista ofreció ayer en Ferrol una rueda de prensa conjunta con la CIG, sindicato que ha ofrecido asistencia en el análisis de este reglamento y en la elaboración de las modificaciones planteadas.
El primero en tomar la palabra fue Xoán Xosé Bouzas, secretario nacional de la CIG Industria, que comenzó su intervención haciendo un repaso del camino recorrido hasta que se hizo oficial la Ley que establecía el fondo, así como la situación a la que durante años se enfrentaron las víctimas de esta enfermedad –incluyendo el cierre de muchas de las empresas en las que trabajaban, con las consecuentes dificultades a la hora de ser compensados–.
En cuanto a las alegaciones en sí, Bouzas comenzó presentando sus propuestas en el ámbito del procedimiento de concesión. Por un lado, la CIG considera que el proceso en sí se debe descentralizar, comenzando por el establecimiento de organismos de valoración para cada territorio y que sean diferentes de los que se encargan del resto de enfermedades profesionales. “Hai que manter, na xurisdición social, a competencia para recoñecer o dereito a obter a compensación”, señaló el secretario, explicando que esto permitiría una tramitación más ágil y un menor gasto, tanto del Estado como de las víctimas. Por último, también se incidió en la necesidad de que este reconocimiento debe reflejarse en la percepción de pensión como enfermedad profesional.
En relación a las comisiones de seguimiento, la CIG y el BNG consideran que, además de la estatal, también deben constituirse otras a nivel autonómico con “tarefas e competencias propias” y con capacidad de “resolver todas as reclamacións previas”, como ya tienen otros organismos. Asimismo, la central nacionalista critica que en este borrador se “reduce” la participación en la comisión, limitándola a los sindicatos mayoritarios –lo que en el papel excluiría a la CIG pese a la representación que tiene en Galicia–. Respecto a las compensaciones en sí, Bouza se mostró muy crítico con las cantidades estipuladas, afirmando que las víctimas, por la vía judicial, llegaban a alcanzar indemnizaciones dos o tres veces mayores, lo que desafía el propósito de las mismas.
Finalmente, el secretario nacional defendió que estas cuantías debían estar exentas de tributación, además de criticar que se estableciese un “tope” de 25 millones de euros para el fondo, así como la fecha de cinco años para su prescripción.
Por su parte, Paula Gonzalez, técnica do Gabinete de Saúde Laboral de la CIG, censuró que este nuevo reglamento era muy restrictivo y excluyente, dado que no reconoce todas las patologías.
Entre otros puntos, González Grueiro destacó que no se consideran dolencias derivadas de la asbestosis como la fibrosis, las placas pleurales o las conocidas como “afecciones benignas”, además de ser una normativa sin perspectiva de género.
La asociación sociocultural Fuco Buxán denunció esta mañana que se están dando numerosos casos de retrasos en el reconocimiento de las pensiones de viudedad en la comarca por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Por medio de un comunicado, la entidad ha señalado que las afectadas por esta situación son en su gran mayoría personas vulnerables –“mulleres de certa idade e con recursos modestos”, detalla– y que esta coyuntura se agrava en casos de decesos derivados de una enfermedad profesional.
En este sentido, Fuco Buxán pone como ejemplo el caso María Pilar Otero, viuda del histórico sindicalista Rafael Pillado, que falleció el pasado mes de febrero de un cáncer de pulmón –mesotelioma pleural– contraído a raíz de su actividad laboral en los astilleros ferrolanos. Otero, detalla la asociación, aun con la documentación correspondiente, continúa sin percibir su pensión e incluso tras presentar una reclamación al INSS sigue sin obtener respuesta.
Este caso, incide Fuco Buxán, es solo uno de los muchos registrados en la comarca, por lo que la entidad exige a todas las administraciones y fuerzas políticas a que “tomen con urxencia” las medidas necesarias para “resolver este grave problema”.
