domingo 15.12.2019

Quim Torra admite que desobedeció y considera que sufre un “juicio político”

El president cree “ilegal” el mandato de la Junta Electoral ya que considera que su autoridad es superior

Quim Torra admite que desobedeció y considera que sufre un “juicio político”

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, reconoció ayer que desobedeció la orden de la Junta Electoral de no retirar los lazos amarillos y se proclamó víctima de un “juicio político” ante un Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) cuya imparcialidad cuestionó.

El TSJC dejó visto para sentencia el juicio por desobediencia contra Torra, para quien la Fiscalía pide una pena de año y ocho meses de inhabilitación por desoír la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos antes de las elecciones del 28-A, un símbolo que, le recordó el fiscal superior de Cataluña, Francisco

Bañeres, no es “neutral” porque “no es compartido por la totalidad de catalanes”.

Torra, que lucía un lazo amarillo en la solapa, se acogió a su derecho a contestar solo las preguntas de su abogado, Gonzalo Boye, ante el que admitió que incumplió la orden de la Junta Electoral Central (JEC), por considerarla “ilegal”, al proceder de un órgano al que cree que un presidente de la Generalitat no debe obediencia jerárquica.

No tenía competencia

A la pregunta de si cumplió la orden de la JEC, Torra fue taxativo: “No, no la cumplí. Digámoslo de otra forma: sí, la desobedecí. Pero era imposible cumplir una orden ilegal. Todos los miembros de esta sala lo saben, era una orden ilegal dictada por un órgano que no tenía competencia”.

No aceptó el presidente catalán responder a las preguntas de la acusación popular ejercida por Vox y, a diferencia de su postura durante la instrucción del caso, se negó también a contestar a la Fiscalía, aduciendo que esta solo es garante de los “intereses del Gobierno” desde que Pedro Sánchez aseguró que el ministerio público dependía de las órdenes del Ejecutivo.

Además de una breve declaración a preguntas de su abogado, de apenas media hora, el primer presidente de la Generalitat que se sienta en el banquillo aprovechó su derecho a la última palabra para lanzar un alegato político, en el que afirmó: “Si por defender los derechos de mis compatriotas he de ser condenado, bienvenida sea la condena”.

El presidente se presentó como víctima de un “juicio político” que a su entender busca “cambiar el panorama político” de Cataluña, pero advirtió de que su eventual condena por desobediencia no podrá cambiar el “destino” ni la “voluntad” del pueblo catalán

“Este tribunal me puede condenar, sí, me podéis condenar, pero no cambiará la legitimidad de los que me eligieron. Me pueden condenar, sí, pero no cambiaréis en absoluto el compromiso que tengo asumido con el pueblo de Cataluña. Me pueden condenar, pero no cambiaréis la voluntad del pueblo de Cataluña. Me podrán condenar, ciertamente, pero no cambiaréis el destino de este país. La democracia gana siempre”, exclamó.

Condena ante la historia

Torra, que finalizó su alegato con un “Visca Catalunya Lliure” (Viva Cataluña libre), se dirigió al tribunal para advertirle: “Ante la Historia, recordad que vuestra condena será vuestra condena”.

Frente a la afirmación del president de que el emblema de los “presos políticos” es fruto del consenso de la sociedad catalana, el fiscal superior le recordó, en sus informes finales, que el lazo amarillo “no es compartido por la totalidad de los catalanes”, por lo que “no es neutral” y debe ser suprimido en período electoral.

Bañeres apuntó además el “desprecio” que mostró el presidente catalán ante la Junta Electoral, que fue “intensificando” con el paso de los días, con una falta de “respeto institucional” que, “coloquialmente”, hizo que se “viniera arriba”.

Argumentó que, como “autoridad superior”, las decisiones de la JEC son “perentorias” y de obligado cumplimiento, no solo para Torra, también para el presidente del Gobierno y para todos los poderes públicos en general.

Además, recordó que en Cataluña la Jimta Eelectoral Catalana es el único órgano “competente”, puesto que es la única comunidad que no tiene una ley electoral propia.

Un argumento que rebatió el abogado del president, Gonzalo Boye, quien ha basado su defensa para rechazar el delito de desobediencia en que la JEC no es un órgano “competente”, ni “omnimpresente” ni “superior” a Torra.

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