Sogama reducirá el canon a los 295 concellos adscritos a su sistema de gestión y lo hará, de forma genérica, en un 5% sobre el precio de 2021, que bajará desde los 69,48 €/t hasta los 66,00 €/t.

Igualmente, mantendrá la bonificación del 10%, que ya lleva aplicando durante los tres últimos ejercicios, a aquellos entes locales que cumplan con los dos requisitos establecidos, esto es, promover la reducción de la generación de residuos y/o el reciclaje de los envases ligeros (bolsa amarilla), y trasladar esta rebaja a los recibos de los ciudadanos. En este caso, el canon se situará en 59,40 euros/tonelada. Adicionalmente, tampoco aplicará el IPC, estimado en un 5%.

Todo ello supondrá una rebaja que podrá llegar al 20%, representando un ahorro para los gallegos de 9 millones de euros.

La Xunta, a través de esta empresa pública, pretende compensar el negativo impacto económico que supondrá para los bolsillos de las familias gallegas los impuestos contemplados en el Anteproyecto de la Ley nacional de Residuos y que gravan el depósito de desechos en vertedero y la incineración.

Tras una fuerte oposición por parte del sector, todo apunta a que, finalmente, la penalización al vertido ascenderá a 30 €/t y, a la valorización energética, a 10 €/t, que regirá para aquellas plantas, como es el caso de Sogama, certificadas con la denominada “R1”, fórmula técnica que acredita el cumplimiento de unos determinados estándares de eficiencia.

La buena evolución de la compañía durante los últimos años, tanto en términos industriales como ambientales, económicos y sociales, le permiten hacer un esfuerzo que tiene por objetivo amortiguar el impacto económico que estos impuestos estatales tendrán sobre la economía de los gallegos.

Es decir, mientras el Gobierno central crea nuevos impuestos para la gestión y tratamiento de residuos con fines recaudatorios, la Xunta de Galicia, a través de los instrumentos a su alcance, los baja.

90 Millones en inversiones

El canon de Sogama, que ya se posicionaba hasta ahora como el más barato de Galicia, pasará también a ser el más barato de España. Y ello a pesar de que la empresa tiene bajo su gestión una potente infraestructura industrial conformada por 37 plantas de transferencia, un complejo medioambiental sito en Cerceda y con capacidad para 1.000.000 de toneladas anuales y un vertedero de cola destinado a acoger aquella parte de la basura que no se pueda reciclar ni valorizar energéticamente.

Asimismo, pondrá en marcha una red de instalaciones que tendrá por objeto la valorización de la materia orgánica. Esta red estará conformada por 4 plantas de biorresiduos (Cerceda –ya en funcionamiento-, Cervo, Vilanova de Arousa y Verín), apoyadas por 13 plantas de transferencia que serán transformadas o adaptadas para trasvasar en las mismas la materia orgánica recogida de forma diferenciada a través del contenedor marrón, convirtiéndola en compost, un abono natural de alta calidad que se destinará a la agricultura y jardinería.

Con esta iniciativa, la Xunta pretende ayudar a los concellos a dar debido cumplimiento a sus obligaciones legales, toda vez que deben tener implantada la recogida selectiva de la fracción orgánica antes del 31 de diciembre de 2023.Si todo sigue su curso, la infraestructura vinculada al tratamiento de la materia orgánica entrará en funcionamiento a finales de 2022.

A este plan de acción se destinarán del orden de 38 millones de euros, de los cuales 30 estarán financiados a través de los Fondos FEDER como respuesta de la Unión Europea a la crisis del Covid-19.

Las inversiones realizadas por Sogama en el período 2017-2022, y que ascienden a más de 90 millones de euros, tienen por objeto optimizar el servicio que presta a más de 2.240.000 habitantes a través de instalaciones punteras que incorporan las últimas tecnologías disponibles; la promoción del ferrocarril como medio preferente para el transporte de residuos; y la incorporación de todas aquellas medidas que le permitan compatibilizar en cada momento la actividad industrial con la protección del medio ambiente y la salud pública.

Prestar el mejor servicio al menor precio constituye la máxima que guía esta nueva etapa, especialmente en un momento delicado en el que muchas familias y establecimientos deben soportar los negativos efectos de la pandemia sobre sus economías.