El Gobierno detalla el funcionamiento de los convenios de Transición Justa

Momento de la reunión entre el delegado del Gobierno con alcaldes y agentes sociales | jorge meis

Tras la firma por parte de la Xunta de los protocolos de Transición Justa para As Pontes y Meirama, el Gobierno central, por medio de su delegado en Galicia, José Miñones, ha detallado los primeros pasos que se tomarán para el reparto de las ayudas a las zonas afectadas por el cierre de las centrales térmica. Miñones mantuvo ayer un encuentro de trabajo con los alcaldes de Ferrol y Cerceda, Ángel Mato y Juan Manuel Rodríguez, respectivamente; la teniente de alcalde de As Pontes, Ana Pena; representantes de los sindicatos CCOO, CIG y UGT; y, de forma telemática, la directora del Instituto de Transición Justa (ITJ), Laura Martín, en la que se avanzó en la estrategia del Ejecutivo de cara al reparto de fondos.

Tras el encuentro, que se celebró en el edificio consistorial de Ferrol, el delegado territorial apuntó que los mencionados protocolos marcaban el “punto de saída” para el desarrollo de los convenios y que estos se basarán en las “propostas dos territorios, tanto do sector empresarial coma dos Concellos”. “A través desas propostas iranse configurando esas axudas que despois sairán a través de concorrencia competitiva”, aseveró Miñones. En este sentido, el delegado territorial anunció que, para coordinar y supervisar las diferentes propuestas se empleará a un profesional, ligado al Instituto de Transición Justa, específico para Galicia. Esta persona, apuntó el representante, “permitiranos facer un seguimento directo de cada un dos proxectos, das iniciativas, e que vai poder estar acompañando a todos estos axentes (...) de cara a ir definindo cada unha das propostas e con enlace directo co Instituto”.

Otra de las novedades anunciadas por José Miñones fue la creación de un plan de formación “en dúas etapas”. Por una parte, se realizará una primera etapa licitada por el Instituto de Transición Justa centrada en el “emprego verde”, como transición y rehabilitación energética o autoconsumo, desarrollada en base a las demandas de las empresas. La segunda etapa, que contará con una dotación de veinte millones de euros para todas las zonas afectadas por la transición –no solo Galicia– será dependiente de la Xunta.



Reparto


Además del anuncio de la figura del gestor y los planes formativos, el encuentro sirvió para aclarar y ampliar los detalles sobre los fondos nacionales y europeos y su reparto –de hecho el encuentro fue solicitado por los sindicatos para tratar este punto–. Así, la primera dotación de fondos será de 100 millones de euros, de los cuales 91 se destinarán “a infraestruturas e proxectos innovadores”, mientras que los nueve restantes se emplearán en desarrollar una “asistencia técnica” para los municipios de menor tamaño afectados por el cierre. “Son unhas axudas que van buscando obxectivos sociais e empresariais (...) e se emplearán para o inicio dos proxectos do plan de recuperación”, apuntó el delegado.

Por otra parte, a partir del año que viene, se establecerá un segundo bloque de ayudas, ligadas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022. En este caso se determinarán partidas –aún no definidas– “das que directamente o Instituto de Transición Justa levará a cabo convocatorias” y que “irán saliendo” de forma continuada. La primera de estas convocatorias, detalló Miñones, “saldrá” entre enero y febrero y se destinará a proyectos empresariales “dos procesos participativos” y en la que podrán participar tanto pymes como grandes compañías –en este caso se estima que la cuantía podría alcanzar los 30 millones de euros–.



Fondos europeos


El tercer y último bloque de ayudas, de 111 millones de euros para Galicia, serán los fondos europeos de transición justa. La particularidad de esta dotación, tal y como explicó el delegado territorial, es que no se destinarán de forma municipal, sino provincial. Estas ayudas estarán gestionadas por la Xunta y, desde el Gobierno central –a través del Instituto de Transición Justa– se elaborará una propuesta marco “para que se vaian definindo eses fondos”. “Ese traballo se vai realizar ao longo de 2022, a finais [de ano] teranse definidos eses proxectos (...) e se poderán gastar ata 2027”, explicó Miñones, señalando, además, que desde el ejecutivo central “entendían” que, al tratarse de fondos de transición, pese a ser provinciales “deberían” dirigirse a las zonas afectadas por el cierre de las centrales térmicas.

Por último, José Miñones quiso aclarar que la incorporación de Ferrol a las zonas de transición se realizó, tras estudiar la propuesta, a petición de sindicatos y concellos y ya durante las primeras fases de desarrollo de los protocolos. Así, el delegado calificó de “rotúndamente falsas” las declaraciones que realizó la pasada semana el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, donde afirmó que el retraso en la firma de los documentos se debió a que estaban negociando la mencionada incorporación.



Impresiones


Tras la intervención del delegado territorial, el alcalde tomó la palabra, calificando la reunión de “tremendamente produtiva” y poniendo en valor el “compromiso” del ejecutivo central con las zonas afectadas y auspiciando una rápida “materialización” de los “recursos económicos”.

Por su parte, la teniente de alcalde de As Pontes, Ana Pena, agradeció durante la rápida respuesta del Gobierno a la petición de reunión, agradeciendo que “atiendan” las sugerencias municipales y celebrando que se establezca “unha canle de comunicación directa” con los concellos mediante esa figura del gestor del Instituto de Transición Justa. 

El Gobierno detalla el funcionamiento de los convenios de Transición Justa

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