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jueves | 25 abril | 2024
El Consejo de Ministros aprobó ayer un proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que recoge obligaciones para todos los eslabones de la cadena, desde la producción primaria hasta el consumo.
En la rueda de prensa posterior, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, justificó la necesidad de actuar para remediar el problema del desperdicio por razones de índole “económica, ambiental, moral y social”.
“No hay producto alimentario más caro que aquel que acaba en la basura”, afirmó el ministro, que recordó que cada español desperdicia anualmente 31 kilos de alimentos sin consumir, lo que en 2020 supuso un total de 1.300 millones de kilos.
El nuevo proyecto de ley establece que todos los agentes de la cadena alimentaria deben contar con un plan de prevención para evitar el despilfarro, en primer lugar, a través de donaciones a empresas sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.
Esta obligación se aplica igualmente a las instituciones como a centros sanitarios y educativos o residencias que ofrezcan catering o servicio de comedor. En un segundo orden de jerarquía, los alimentos no vendidos, pero que estén en condiciones óptimas de consumo, deberán ser transformados en productos como zumos, mermeladas o cremas.
Si no son aptos para el consumo humano, los alimentos deberán ser utilizados como subproductos para la alimentación animal o fabricación de piensos para la industria, entre otros fines de aprovechamiento.
Planas también explicó que, en los bares y restaurantes, los operadores tendrán la obligación de facilitar una bolsa o caja para que el cliente pueda llevarse la comida que no ha consumido para evitar que acabe en la basura y pueda ser consumida.
