Poco antes de las últimas elecciones municipales (concretamente tres meses antes), el Gobierno local coruñés, mareante por aquel entonces, decidió que necesitaba una medida estrella para ganar imagen entre los votantes. Habían mantenido durante cuatro años la ciudad paralizada. Las calles estaban sucias, los jardines convertidos en selvas a cuenta de eso de no usar herbicidas y, en general, A Coruña agonizaba en medio del inmovilismo y las llamadas paternalistas al sentidiño. Así, que a alguien se le ocurrió que una buena medida sería bajar el precio del autobús 10 céntimos y, sin enconmendarse ni a Dios ni al diablo decidieron acometer esa bajada de modo unilateral. Ahora, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha decidido que la medida es ilegal y el nuevo Gobierno local tiene que afrontar el pago de esos dos años de descuentos indebidos más los intereses generados durante todo este tiempo. Hay quien cifra el montante en algo más de dos millones y medio de euros. Lo pagarán todos los coruñeses. Los políticos que lo decidieron, como siempre, se irán de rositas y seguirán presumiendo de lo progres que son.