4º-10º
jueves | 12 diciembre | 2024
Tres de cada cuatro euros consignados en los presupuestos de las comunidades autónomas llegan del Estado, la inmensa mayoría, y de la Unión Europea, mientras que casi todo lo demás procede de endeudamiento y apenas el 7 % de ingresos tributarios propios.
Así lo recoge el último Informe global del sector público autonómico elaborado por el Tribunal de Cuentas, correspondiente al ejercicio 2018, que ha revisado 1.131 entidades públicas, incluidas las administraciones generales de las comunidades, y 1.064.542 contratos por importe de 12.782,4 millones de euros.
El órgano fiscalizador ha hecho su trabajo -que presentó a finales de julio- a pesar de observar en las cuentas autonómicas una "tendencia a no disponer de una contabilidad adecuada y un mínimo seguimiento de los gastos con financiación afectada", así como una "falta de rendición de cuentas por parte de determinadas entidades", sobre todo "entes y empresas públicas, fundaciones y consorcios".
Con carácter general, apunta, las Memorias de las Cuentas Generales de las comunidades se presentan incompletas, no incluyendo suficiente información que permita ampliar y completar la contenida en los estados financieros
Constata el análisis realizado por el Tribunal de Cuentas que los recursos propios totalizan 46.169,9 millones de euros y representan el 24 %, igual que en 2017; y que de esa cantidad, el 85 % corresponde al endeudamiento, igual también que en el ejercicio precedente, mientras únicamente un 7 % son ingresos tributarios propios (3.434,6 millones).
En cambio, los recursos percibidos del Estado a través del sistema de financiación autonómico suponen para el conjunto de las comunidades el 69 % del total de la financiación.
El importe más elevado de los mismos corresponde a la tarifa autonómica del IRPF, con un 32 %; seguido del IVA, con el 28 %; y la participación en el rendimiento de los impuestos especiales de fabricación y de electricidad y los tributos cedidos, ambos con un 11 %.
Finalmente, el 7 % del total, al igual que en 2017, procede, fundamentalmente, de fondos de la UE (57 %) y de subvenciones y convenios (40 %), en tanto que los Fondos de Compensación Interterritorial representan solo el 3 % del total.
Respecto al aumento en el endeudamiento total del ejercicio, el órgano fiscalizador destaca en términos relativos los incrementos de Cantabria (6 %) y Castilla y León y Murcia (5 % en cada caso), así como la disminución de Aragón (16 %) y Extremadura (9 %).
Otro aspecto que revela este informe es que la mayoría de las comunidades cumple los objetivos y reglas marcados: el objetivo de deuda solo lo incumple en 2018 Andalucía; el de estabilidad presupuestaria Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, que registran déficit superiores al objetivo fijado; y la regla de gasto de nuevo Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana y también Baleares.
De las liquidaciones de presupuestos señala que entre todas las autonomías han autorizado en 2018 modificaciones netas de crédito por 22.200,3 millones de euros, lo que supone un incremento de los créditos iniciales del 8,2 %, dando como resultado unos créditos finales de 291.263,4 millones de euros.
Para el conjunto de las administraciones públicas autonómicas las modificaciones han supuesto un 7,2 % de incremento de los créditos iniciales y un 6,6 % de las previsiones iniciales, aunque las modificaciones superan el 20 % de los créditos y previsiones iniciales en Cataluña y las dos ciudades autónomas.
Respecto a los organismos autónomos, el Tribunal de Cuentas especifica que en los 108 supervisados los créditos iniciales agregados han ascendido a 25.586,9 millones de euros y las modificaciones netas de los créditos han alcanzado 1.753,7 millones, en tanto que el grado de ejecución ha sido del 94,4 %.
Para un total de 109 entes públicos, los créditos iniciales suman 36.804,6 millones de euros y las modificaciones netas de los créditos alcanzan 3.627,9 millones de euros, con un grado de ejecución del 94,6 %.
En 96 consorcios de 10 comunidades y las dos ciudades autónomas los créditos iniciales son de 4.188 millones de euros y las modificaciones de crédito de 542,9 millones de euros, lo que supone un incremento de los créditos iniciales de casi el 13 %, mientras el grado de ejecución se queda en el 93,4 % para los gastos y en el 95.3 % para los ingresos.
Respecto a las universidades afirma que el total de las modificaciones reales sobre los créditos inicialmente aprobados supone un incremento del 26 %, una cifra que considera que pone de manifiesto que no han elaborado con rigor sus presupuestos antes del comienzo del ejercicio económico.
Para las 48 universidades públicas de las que se dispone de información, el grado de ejecución es del 79,8 %, si bien el presupuesto de ingresos se ejecuta en un 81,3 %, igual que en el ejercicio anterior.
Por su parte, el gasto sanitario público consolidado del sector autonómico supone ese año 65.886 millones de euros, lo que representa el 5,5 % del PIB y sitúa en 1.415 euros por habitante el gasto per cápita medio.
De acuerdo con los datos de 2018, un 44,5 % del gasto sanitario público del sector ha sido originado por las tres comunidades más pobladas: Cataluña, Andalucía y Madrid.
Sin embargo, en relación con su población, en 2018, las comunidades con mayor gasto sanitario público son País Vasco, Asturias y Navarra, mientras que las comunidades con menor gasto sanitario público fueron Andalucía, Madrid y Canarias.
