Al final, la Generalitat ha tenido que dar marcha atrás y será el Instituto Catalán de Finanzas el que avale las fianzas que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a los ex altos cargos del Gobierno catalán. Son casi cinco millones y medio de euros que estos políticos dilapidaron en crear una red internacional de información sobre el procés. Son casi cinco millones y medio de euros que les fueron robados a los catalanes, y por lo tanto, al resto de los españoles, para utilizarlos en un fin que no estaba previsto. Y, ahora, serán de nuevo todos los catalanes, esos que ven como se cierran hospitales, por ejemplo, y el resto de los españoles, que tenemos que soportar que nos acusen de robar a Cataluña, los que pagarán sus excesos. Pues eso. Se trata de Cataluña.