Brasil ha llegado al medio millón de muertos por coronavirus y ha dicho basta. Mientras los ciudadanos se movilizan para protestar contra un Gobierno que parece que les ha dejado a su suerte el Senado investiga posibles delitos penales en la gestión de la pandemia. De entrada la comisión encargada ha descubierto que el gabinete de Bolsonaro ignoró más de cincuenta correos electrónicos en los que Pfizer ofrecía millones de vacunas. Sospechan que el negacionismo formaba parte de un plan gubernamental para que el virus se propagase lo más rápido posible y se alcanzase la inmunidad de rebaño. A pesar del coste en vidas humanas. De confirmarse, el presidente podría acabar acusado de genocidio. Y seguro que, incluso en esa situación, haría una broma de mal gusto.