Voy a escribir una boutade: a veces pienso que nos deberíamos de ahorrar los sueldos de algunos de los miembros del Gobierno. Por supuesto también los de sus asesores y toda la corte de la que se acompañan. Y es que resulta inconcebible que, durante estos meses que ha durado el estado de alarma, el Gobierno no haya sido capaz de arbitrar una solución para seguir afrontando de manera coordinada los estragos de la pandemia. Si cada Comunidad Autónoma puede hacer de su capa un sayo en un momento de emergencia como es una pandemia, entonces apaga y vámonos. Ahora nos encontramos con otra disfunción y es que una vez decaído el estado de alarma no hay manera de que el Gobierno y las comunidades se pongan de acuerdo en una política común para afrontar medidas que sean eficaces. Algunas han solicitado una prórroga del estado de alarma, otras no lo consideran necesario pero si el disponer de instrumentos jurídicos para adoptar decisiones.

Pero el Gobierno ha optado por lavarse las manos dejando que sean las comunidades las que se equivoquen o acierten, y eso si, en caso de que se equivoquen y aumente el número de contagios, poder decir que la responsabilidad no es del Gobierno central. Pero sobre todo me sorprende la animadversión que anida en tantos dirigentes socialistas contra Ayuso, a la que quieren responsabilizar del comportamiento de quienes, decaído el estado de alarma, tomaron las calles madrileña. El problema es que esos comportamientos irresponsables se dieron en la mayoría de las capitales españolas, pero de eso no dicen nada. Incluso la delegada del Gobierno en Madrid supongo que a falta de argumentos propios, ha hecho suyo aquello de Franco de que la libertad se puede terminar convirtiendo en libertinaje. Y se ha quedado tan ancha. En fin... a lo que vamos. Hace meses que debería de haberse celebrado un debate parlamentario sobre qué hacer el día después de que concluyera el estado de alarma. Se deberían haber estudiado distintas propuestas y haber consensuado una línea de acción. Pero no se ha hecho. Y la responsabilidad principal recae sobre el gobierno de la nación. Es evidente que poco a poco podemos y debemos ir recuperando la normalidad, pero esa normalidad no pasa por el espectáculo que se viene produciendo desde que ha terminado el estado de alarma.

El Covid todavía no ha sido derrotado y por tanto no se puede permitir que haya personas que contribuyan de manera insensata a su propagación. La pregunta es evidente: ¿Quiénes son los responsables de permitir que la gente haya salido a la calle sin respetar las mínimas normas necesarias? En primer lugar la responsabilidad recae entre quienes han participado en esos botellones.

Es comprensible que la sociedad esté harta de que se haya constreñido sus libertades, pero el Covid sigue ahí, no lo hemos vencido ni alcanzado la inmunidad de rebaño. Nos toca a todos ser responsables, a los ciudadanos y a quienes están al frente de las instituciones. Debemos de recuperar la normalidad sin prisas y sin pausa, con sentido común, y con los ayuntamientos, comunidades y el Gobierno de la nación liderando esa recuperación de la normalidad y evitando comportamientos incívicos.