Con una decena de provincias en máximo riesgo tiene poco sentido territorializar las medidas restrictivas para combatir al virus. Y con cuatro CC AA reclamando la continuidad del estado de alarma (batalla perdida ya) conviene recordar que la pandemia no reconoce fronteras. Y mucho menos dentro de un mismo entorno socio-geográfico.

No encuentro mejor manera de decir que todos estamos expuestos y que el fin del estado de alarma no equivale al fin de la pandemia. La secuencia que nos acosa está tan viva como el primer día: movilidad equivale a contagios. De esa lógica solo nos salvan las vacunas, siempre que estas vayan más deprisa. La pregunta es si el Gobierno es capaz de garantizar que esa carrera la van a ganar los pinchazos cuando en la mayor parte de España ya se ha decretado el desencierro.

El riesgo de recaída es más que evidente, porque si algo hemos recuperado desde la noche del sábado al domingo pasados es justamente la movilidad ¿Y cómo limitarla a fin de evitar una nueva ola? Eso va a depender a partir de ahora de los jueces. El despropósito está servido desde que el último Consejo de Ministros llevó al BOE un decreto que pone al Tribunal Supremo como referente legal de lo que las CC AA pueden y no pueden hacer a la luz de la legislación ordinaria una vez caducado el estado de alarma decretado por el Gobierno en el mes de octubre.

No le demos vueltas. Es lo que parece: el Ejecutivo se lava las manos en la lucha contra la pandemia a escala nacional y transfiere esa responsabilidad al Poder Judicial. Tan insensato desmarque del Gobierno ya ha dado lugar a diferentes interpretaciones judiciales sobre la conjugación de medidas restrictivas (toque de queda, cierres perimetrales y limitaciones de aforo, básicamente) con el respeto a los derechos y libertades fundamentales contemplados en la Constitución.

Véase como, por ejemplo, los Tribunales Superiores del País Vasco y Canarias han desautorizado a los gobiernos de esas Comunidades para tomar medidas propias de un estado de alarma, mientras que en Baleares y el País Valenciano los tribunales respectivos han fallado en un sentido completamente contrario.

Algo no estamos haciendo si un problema de salud pública acaba en manos de los jueces y estos responden de forma desigual. No es culpa de ellos, obligados a enfrentarse a las decisiones territorializadas con normas legales averiadas o ambiguas, toda vez que la sociedad se enfrenta a una situación sin precedentes. En cualquier caso, la responsabilidad del desafuero siempre será de los legisladores, o de quienes tienen la iniciativa legislativa para reformar la legislación vigente.

Ahora todos miramos al TS, al que se apremia respecto a una necesaria unificación de criterios. Pero eso no va a ocurrir de la noche a la mañana.