Un año más, el primero de mayo, los sindicatos reivindican la derogación de la reforma laboral que el Gobierno prometió en su programa electoral. A Bruselas no le gusta la medida y estamos pendientes de su visto bueno para el plan que permitirá la llegada de los ansiados fondos de recuperación, con lo que todo apunta a que los trabajadores van a tener que esperar.

Y todo esto ocurre días después de hacerse pública la EPA del primer trimestre que refleja la destrucción de 137.500 empleos. Es verdad que ha bajado el número de parados, pero se debe a la triste circunstancia de que más de sesenta y cinco mil personas han dejado de buscar empleo. Es este dato el que justifica el descenso a 3,6 millones los desempleados en España.

Los efectos del coronavirus son demoledores. Las restricciones de movilidad junto a la baja actividad económica, desalientan a los que buscan trabajo y, según la EPA, solo este trimestre más de un millón de personas no han podido buscar empleo y, a demás, no cuentan como parados para las estadísticas.

Y los datos son malos para todas las CCAA, pese a que el Gobierno de Ayuso, en Madrid, haya querido sacar pecho. Es verdad que la apertura de la restauración y el ocio ha permitido mejorar los datos, pero es un espejismo ya, que a nivel anual, se ha creado más empleo en Extremadura. Pero ya se sabe que en campaña electoral todo vale para vender al candidato.

Si a estos datos pésimos le sumamos la calidad del empleo que se crea, los parámetros son aún más demoledores: la mayoría de los puestos de trabajo que se ofrecen son temporales y precarios. La reforma laboral en vigor, aprobada bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, no consiguió enderezar el endémico problema español y así seguimos con unas tasas de desempleo muy superiores a las europeas.

Con otro factor añadido: la destrucción de empleo con las crisis supera los límites que deberían estar permitidos. Con la reactivación es verdad que se crean muchos puestos de trabajo pero no de mejor calidad.

La conclusión es clara, España no puede seguir sin afrontar un debate político sobre la reforma del Estatuto de los Trabajadores. El problema es el clima político enrarecido y enconado que impide lograr ningún acuerdo sobre temas tan esenciales como este. Posiblemente la crispación preelectoral en el que se han instalado los principales partido políticos bloquea, no solo las principales instituciones del Estado, como el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, sino también la legislación más esencial.

Por eso, los sindicatos van a rogar en vano, un año más, la derogación de una reforma laboral a la que acusan de precarizar aún más los pocos puestos de trabajo en oferta.

Este tema, como todos los demás, tendrá que esperar al cinco de mayo. Pero, consúelense, quedan escasas horas para que acabe la virulenta campaña electoral de Madrid que ha conseguido marcar un hito: polarizar, aún más, la vida política.