Los funcionarios del aeropuerto de Barajas no cometieron delito alguno durante el paso de la vicepresidenta venezolana por la terminal. Lo confirma la Audiencia Provincial de Madrid, que echa por tierra las aspiraciones de Vox de convertir un escándalo político en una causa judicial. Ya lo había dicho el Supremo: la mandataria chavista, que tiene prohibida su entrada en España, no pisó el país, sino una zona de tránsito aeroportuario. La cuestión no tiene más recorrido en los tribunales. Eso sí, para la confrontación política sigue siendo un caladero al que seguro que recurrirán los partidos de la oposición.