Financiación autonómica

El acuerdo parlamentario para actualizar el cupo vasco que divide por dentro a populares y socialistas, solivianta a Ciudadanos y a los valencianos de Compromís, se superpone con el conflicto catalán.
La tradición de Rajoy para dejar pudrir los problemas, en la creencia que el tiempo los solucionará, especialmente, con todo lo que tenga que ver con el Título VIII de la Constitución, “De la Organización Territorial del Estado”, está en la base de esa coincidencia temporal de aquellos conflictos políticos. Y, dicho sea de paso, en el exceso de endeudamiento de las comunidades autónomas por parchear sus necesidades financieras con los fondos de liquidación autonómica en vez de abordar el déficit estructural.
Efectivamente, el modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común tenía fijada su revisión en el año 2014. Todavía, está pendiente y, a pesar de disponer desde julio del informe de la Comisión de Expertos para esa revisión, por encargo de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, es ahora cuando el Gobierno popular empieza a dar los primeros pasos. Y me temo que con el chantaje para aprobar los presupuestos de 2018. Estilo de la casa.
Como advierte el Comité, la importancia de la reforma viene derivada de que las Autonomías son la mayor de las Administraciones, suponen un tercio de su gasto y más de la mitad de los empleados públicos, gestionan servicios públicos que afectan al bienestar ciudadanos, como sanidad, educación o servicios sociales, y los distintos acuerdos de financiación aumentaron la autonomía tributaria de las Comunidades Autónomas, con una creciente complejidad. En definitiva, tenemos un modelo complicado y poco transparente, con serios problemas de equidad y eficiencia por lo que necesitamos uno nuevo basado en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y con garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.
A su vez, la comisión parlamentaria de evaluación del Estado autonómico, inicialmente,  tiene seis meses para proponer mejoras del sistema que conviva con la estructura foral vasca y navarra, de base constitucional y raíces en la primera mitad del siglo XIX.
Esperemos que la conjunción del informe del Comité de Expertos y las conclusiones de la comisión ilumine el debate político para alcanzar un nuevo pacto territorial, financiado suficientemente que garantice nuevas décadas de convivencia democrática.