Cuando en los ultimísimos días del año pasado el Gobierno justificó los primeros grandes ajustes –subida de impuestos incluida- alegando que se había encontrado con un déficit dos puntos por encima de lo asegurado por el Gobierno saliente, ilustres politólogos vieron en ello un argumento tramposo por parte del nuevo Gobierno.

¿Intenciones? A su juicio, justificar así cualquier medida que fuera menester adoptar y, luego, sacar pecho a finales de año con los logros alcanzados. Al final, no se resistieron a dar por bueno el zapaterista 6 por ciento de déficit, al tiempo que calificaban de mentira interesada los nuevos cálculos del 8. Me imagino que tan errados observadores verían, con todo, reafirmada su peculiar posición cuando semanas más tarde tres anónimos funcionarios de la Comisión Europea se destaparon con una elucubración similar sin mayores argumentos que la sustentaran.

Las cosas, sin embargo, no parecen ir por ahí. Porque el Gobierno, ya con dos meses en sus despachos, ha ido repasando las distintas contabilidades y se ha encontrado con que tal desfase está más cerca del 9 que del 8.

Y todo hay que decirlo: aún se trata de cálculos provisionales. Por ello, habrá que estar abiertos a cualquier sorpresa mayor cuando dentro de unas semanas se cierre definitivamente el ejercicio de 2011. Y no es esta una cuestión baladí, pues cuanto mayor sea el desfase entre ingresos y gastos más contundentes habrán de ser los ajustes para ir alcanzando el equilibrio presupuestario.

Nuestras Administraciones públicas han venido –todas- viviendo muy encima de sus posibilidades y basándose en unos presupuestos ficticios e irreales; operando con unos gastos crecientes y con unas previsiones de ingresos que se han desplomado espectacularmente. Y no pocas de ellas sólo han reaccionado cuando el agua les ha llegado al cuello; cuando en palabras del deprimido presidente de Cantabria, no han tenido otra que ponerse a gestionar la miseria.

Y así, todo o casi todo es un enorme agujero. Bien podría decirse, pues, que quien esté libre de deudas, que tire la primera piedra. Los varios miles de empresas públicas tienen contraída una deuda que se acerca a los 60.000 millones; es decir, el triple que hace tres años. Más de la mitad del AVE está sin pagar. La patronal de las constructoras dice que sólo en obra pública las Administraciones les deben 22.300 millones. A las eléctricas se les deben 20.000 millones por eso del déficit de tarifa. Las obligaciones pendientes con el sector sanitario no andan muy lejos. Y así sucesivamente.

Y faltan por aflorar las facturas guardadas en los cajones y pendientes de pago. Dice el ministro Montoro que ello constituirá “un pequeño apartado; una factura muy pequeña”. ¡Que Dios le oiga! Pero no creo que así sea.