Realojo de familias

A mediados del pasado año el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas condenó a España por haber vulnerado el derecho a una vivienda en el caso de una familia con hijos menores de edad. Las personas desahuciadas habían tenido que vivir en un coche durante unos diez días por falta de recursos. 
Desde entonces la respuesta dada por las autoridades españolas a esta condena y a las recomendaciones de Naciones Unidas han sido insuficientes. Así lo han denunciado, en estos días, una serie de organizaciones como Amnistía Internacional, Caritas española, la Fundación del consejo general de la abogacía española, arquitectos sin fronteras, la Pah, entre otras y han querido ir más allá, ante la falta de cumplimiento del estado español de sus obligaciones con respecto al Derecho a la Vivienda y exigen por ello un incremento presupuestario orientado a aumentar el parque de viviendas sociales de alquiler con el fin de garantizar el acceso y el realojo de familias sin recursos. 
También demandan la reforma de las leyes procesales, incluidas la Ley de Enjuiciamiento Civil, para incrementar las garantías de protección del derecho a la vivienda incluyendo el juicio de proporcionalidad. Así como la adopción de los protocolos que mejoren la coordinación entre juzgados y los servicios sociales. Y la reforma de la Ley de arrendamientos urbanos para reforzar los derechos de las personas arrendatarias.
El derecho a la vivienda, contemplado en el artículo 47 de la Constitución española, sigue siendo una asignatura pendiente para nuestros gobernantes que se encuentran más pendientes de sus propias “batallitas” partidistas que de garantizar los Derechos Fundamentales.