Lo adelantó ya hace algún tiempo y ahora lo ha vuelto a repetir. “Es imposible –ha dicho con toda lógica y razón el presidente Rajoy– hacer ahora un cambio en el sistema de financiación autonómica”. Y es que, en efecto, el vacío en las arcas públicas acumulado durante los últimos años impide al Gobierno, al menos de momento, abrir de nuevo el grifo del reparto tras la pérdida de recaudación de 70.000 millones de euros (casi 12 billones de pesetas) en sólo dos ejercicios; los de 2008 y 2009, que no fueron, por cierto, los peores de la crisis.
Habrá, pues, que esperar a que se afiance la recuperación económica y, con ella, una mayor recaudación para poder aportar más recursos al deteriorado Estado del bienestar. Es decir, que primero habrá que tener para luego poder repartir más y mejor. Evidente.
Mientras tanto, nuestras Administraciones autonómicas y locales habrán de conformarse con que el recurso a la deuda pública y a los fondos de ayuda que del Gobierno central llegan los vaya sacando de sus más apremiantes apuros económicos. Pero, como es fácilmente deducible, ello no es más que un parche. La verdadera solución habrá de venir por la reforma a fondo de las Administraciones públicas. Se contienen gastos, sí, pero no se termina de reducir de forma sustancial su tamaño.
En la vecina Francia tenemos, sin ir muy lejos, una excelente referencia y ejemplo al respecto: en el tiempo récord de dos meses ha revolucionado su mapa territorial. Como se sabe, la Administración pública de aquel país se lleva hoy nada más y nada menos que el 55 por ciento del PIB, repartida entre: la Administración central; 22 regiones, con sus casi 2.000 cargos electos; 36.700 Ayuntamientos o Comunas (es el país del mundo con más entes locales); 96 departamentos o provincias con sus más de 4.000 cargos electos, y 13.400 mancomunidades.
Pues bien, con la reforma ya aprobada por la Asamblea Nacional, las actuales veintidós regiones quedarán en trece. Éstas cobran un mayor protagonismo al asumir en buena medida competencias de los departamentos, que en 2020 verán suprimidos sus Consejos generales y que junto con los Ayuntamientos se perfilan como los grandes perdedores de la nueva configuración territorial. Al tiempo, las mancomunidades quedarán reducidas a poco menos de seis mil.
En una estimación global, esta histórica reforma de sus fronteras interiores le supondrá al país vecino un ahorro de entre 12.000 y 25.000 millones de euros en los próximos años. El Gobierno socialista de Hollande y de su primer ministro Valls lo ha sacado adelante aun sin el consenso de la oposición y de algún sector de sus propias filas. Y es que lo que hay que hacer hay que hacerlo.
