No ha sacado muy buena nota Galicia en el índice autonómico de competitividad fiscal (IACF 2018) que presentó la Fundación para el Avance de Libertad: sexto puesto por la cola entre las dieciséis comunidades y los tres territorios forales vascos analizados. Madrid es líder entre las comunidades de régimen común. Cataluña, la peor. 
Este índice analiza el sistema fiscal de cada comunidad a partir de sesenta y cuatro variables contenidas en seis capítulos clave: IRPF, Patrimonio, Sucesiones, Transmisiones patrimoniales-Actos jurídicos documentados, Impuesto sobre hidrocarburos e Impuestos propios. 
Es el segundo ejercicio en que así se hace. Al igual que en la primera edición, los cuatro primeros puestos repiten: Vizcaya, Álava, Madrid y Guipúzcoa, mientras que en la quinta posición ha irrumpido La Rioja, en detrimento de Canarias, que ha pasado a la sexta. 
Nuestra comunidad, como digo, ocupa una modesta decimocuarta posición en el índice general, saca su mejor nota en IRPF (octava) y la peor, en Sucesiones, aunque algo se va moviendo a mejor,  e Hidrocarburos (decimotercera). 
Galicia es así mismo una de las siete que aplica el gravamen autonómico más alto permitido sobre la gasolina y el diésel. Es de recordar que en la actualidad hay seis territorios que no aplican el gravamen regional sobre hidrocarburos o que lo mantienen con un tipo equivalente a cero. Es el caso de Cantabria, Canarias, Castilla y León, La Rioja, Navarra y el País Vasco. 
En otras, como Madrid, Aragón y Extremadura, se aplican tasas inferiores al máximo autorizado. Y acompañan a la nuestra entre las que cargan la más alta posible Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña  y Murcia. Es decir, son éstas las que en este apartado tratan fiscalmente peor a particulares y empresas. 
Volviendo al índice general, como regiones menos competitivas aparecen en la cola de la tabla Cataluña, Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana y Extremadura. Obtienen las peores notas en los tres impuestos más importantes: IRPF, Sucesiones y Patrimonio. 
Cataluña en concreto cuenta con el doble de impuestos propios que el resto y tiene grandes deficiencias en la estructura de su IRPF y en Patrimonio. Para más inri, en el tercer trimestre del año en curso seguía siendo la más endeudada (78.506 millones de euros) y la que más había aumentado su pasivo durante el último año (1.675 millones). Y para el año que entra prevé pedir al Fondo de liquidez autonómica (el FLA) 8.000 millones de euros. Un pozo sin fondo.
Cumple señalar también que aquélla es la región que desde enero ha sufrido un mayor recorte en la creación de empresas. Hasta noviembre último, por ejemplo, se habían abierto 1.176 empresas menos que durante el mismo periodo de 2017. Madrid, por su parte, volvía a ser la otra cara de la moneda. Por lo que se ve, el proceso independentista está pasando a Cataluña enormes facturas en todos los órdenes.