Publicaba el periódico “ABC” el viernes pasado que los abogados de Urdangarín y Torres están valorando la posibilidad de alcanzar un pacto con el fiscal que pasa por tres condiciones ineludibles: la asunción de los cargos que se les imputan, el ingreso en prisión y la devolución de los más de seis millones de euros cobrados indebidamente de las administraciones públicas. 
Seis millones de euros… Una cantidad astronómica para el común de los mortales que, si tienen la suerte de estar trabajando, perciben un salario menguante y nunca alcanzarán ese volumen de ahorro. Pero si se compara con lo “desaparecido” en otros casos de corrupción, es una minucia. Recuerden la trama Gürtel, los ERE y cursos de formación de Andalucía, la mordida del tres por ciento de Cataluña y la familia Pujol o el caso Púnica, por citar solo lo más significativo de la indecencia en la gestión y administración de los dineros públicos. 
Cuando a algún estudioso se le ocurra investigar el montante económico de estos y otros casos de corrupción y lo sume al fraude de la economía sumergida, la cantidad resultante será tan elevada que daremos la razón a don Ciprián de Penalva, que siempre decía “o país pode con todo”. Claro que a esta sentencia habría que añadirle hoy la apostilla “hasta que algún día reviente”, porque la lucha contra el fraude fiscal tiene poco éxito y los condenados por corrupción, después de pasar un tiempo en la cárcel, siguen siendo tan ricos como antes y algunos hasta se transforman en ciudadanos respetados. Así no hay país que aguante. 
¿Deberían devolver lo robado? Los ciudadanos, todos menos los corruptos, no tienen duda alguna al respecto. Además de la aplicación del código penal, la gente clama desde hace tiempo porque la justicia les obligue a devolver lo que han robado, incluso recuperándolo mediante la incautación de sus posesiones hasta recobrar todo el botín. 
Hace un mes, el presidente del Gobierno presentaba la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia que tendrá como objetivo recuperar y gestionar el dinero público usurpado “para que ningún delincuente pueda disfrutar de lo robado”. 
No sé qué recorrido tendrá esta oficina, pero sí sé que es tanto el hartazgo en materia de corrupción que la gente dará su voto al primer político que se suba a una tribuna y resulte creíble prometiendo ser inflexible en la recuperación de los bienes procedentes de actividades delictivas.