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Hay un bar en el barrio sevillano de Triana en el que cuelga un cartel: “Prohibido hablar de la cosa”. Y la “cosa” es la crisis, que, aunque duela, está ahí y uno de los colectivos que la sufre con más crudeza es la de los agentes inmobiliarios. Vamos los vendedores de casas. Algunos de estos agentes con los que he hablado se consideran a sí mismos como una especie en extinción. Algunos de ellos tienen su propia teoría de la crisis inmobiliaria. Dicen que la clave es el factor demográfico: “Los españoles del Baby boom fuimos en masa a la mili, después a la universidad y después a comprar casa”. Pero eso se acabó, el boom nunca volverá.

Ahora el que quiere vender una casa lo tienen mucho más difícil, pero los profesionales del ramo exponen algunos consejos o consideraciones para el que se atreve a realizar una de estas operaciones. Primero, al fin y al cabo es su negocio, disponer de un programa que informe de forma actualizada de las operaciones inmobiliarias realizadas en la zona donde se quiere operar. Y tener clara una cosa: ahora mismo es el peor momento para vender una casa. Por esa razón el que quiere vender lo hace por necesidad. Así que esa persona tiene que asumir su situación y que no le queda más remedio que bajar el precio de su vivienda. En cuanto eso sucede hay que llamar al potencial comprador y decirle: “¿A qué hora te recojo, a las cuatro o a las seis?” Y te responden que a las tres. Pues hay que acudir e intentar la venta.

Hay un aspecto tangencial al tema: los desahucios de vivienda. Según el gobierno, ahora las familias sin ingresos y con todos sus miembros desempleados podrán ya saldar su deuda con la entrega de la vivienda comprada en su día. En los últimos cuatro años ha habido en España 150.000 desahucios y hasta el tercer trimestre de 2011 se han registrado 42.879 desalojos. Téngase en cuenta que los hogares españoles sin ingresos de ningún tipo son ya 580.000. Sin embargo, el PSOE critica ahora una medida para ayudar a las familias con problemas que prometió pero nunca puso en marcha.

La dación en pago no es la panacea, pero es una salida en una coyuntura límite. Hay otra propuesta del gobierno: la que recoge reformas de carácter legal para que al menos durante dos años las familias en “exclusión social” puedan habitar en la vivienda antes de su desalojo.

Deberá concretarse aún más el perfil de las familias que podrán acogerse a este tipo de medidas y a partir de cuándo se empezará a computar esos dos años.

Algo está claro: la dación en pago o el aplazamiento de los desahucios es una política social de verdad. En un país en el que la pobreza es más extensa, intensa y crónica que nunca, es decisivo huir de la demagogia y dar paso a la responsabilidad eficiente. De todas formas, no hay bien ni mal que cien años dure. Ni cuerpo que lo resista.

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