Que el Gobierno en minoría acepte bajar el IRPF que le exige Ciudadanos para aprobar el techo de gasto, demuestra las ventajas de la política de pactos frente al “rodillo” de las mayorías absolutas.
Ahora bien, cuando se habla de subir o bajar impuestos, se incurre siempre en radicalismos o posturas ideológicas antagónicas. En todo caso, el dilema de si es mejor que “el dinero esté en manos de los ciudadanos” o “en manos del Estado”, plantea una cuestión que no debe resolverse poniendo el acento exclusivamente en el individuo o en la sociedad, porque en realidad ambos términos no son contradictorios ni irreconciliables. Tan es así que, si todos los recursos fuesen administrados por uno u otro de ambos titulares, difícilmente el egoísmo y el interés personal prestarían, con eficacia y justicia, los servicios asistenciales y sociales, propios del Estado de bienestar y, si lo fuesen por el Estado, se correría el riesgo de caer en el llamado “capitalismo de Estado”, tan nefasto como el del sistema liberal.
Siempre se ha dicho que el Estado no es buen administrador y que es proclive al despilfarro o a los gastos innecesarios, superfluos o para promocionar a los políticos de turno; pero si el Estado cede al individuo la distribución y aplicación de los ingresos, sería tanto como abdicar de su función esencial de servir al bien común y al interés general.
Por ello, lo razonable es que los ingresos y su aplicación, distribución y disfrute no sean monopolio del individuo ni del Estado. Aquí, como en otros muchos casos, la virtud está en el justo medio.
Para resolver esa antinomia se recurre con frecuencia al principio de “subsidiariedad del Estado”, es decir, que el Estado supla las deficiencias de los individuos o particulares, sin sustituirlos; pero esta fórmula tampoco es justa porque, en casos de necesidad y para fomentar el progreso social, el Estado debe ser beligerante y actuar en primera línea contra los abusos, injusticias y desigualdades que las fuerzas del interés personal y el ánimo de lucro favorecen, si los poderes públicos no regulan y limitan, sus perniciosos efectos.
Es cierto que el Estado es para el individuo y no a la inversa; pero al individuo como ser sociable por naturaleza, no se le puede permitir que actúe contra el interés general.
En resumen, en defensa de los intereses generales, el Estado no puede ser neutral. Por eso, nuestra Constitución define lo como “Estado social” y democrático de derecho.
Ni todo en el Estado ni todo contra el Estado; el Estado al servicio de la sociedad y del bien común.