El Fondo Monetario Internacional acaba de mejorar las previsiones para nuestra economía, que crecerá el dos por ciento en 2015, lo que coloca a España a la cabeza del crecimiento en la eurozona. Una buena noticia.    
El mismo día llegó la mala y por dos vías. Por un lado el mismo Fondo Monetario Internacional, al dar los buenos datos de crecimiento, recuerda la alta tasa de paro, un “caballo desbocado” que el país tardará en dominar.
Más contundente fue la Organización Internacional del Trabajo que el mismo día sentenció que el paro en España seguirá por encima del 21 por ciento en 2019. Si se cumple este augurio y todo indica que será así –los datos de la EPA son buenos pero aún quedan más de cinco millones de personas sin empleo–, España cumplirá una década con cifras de paro que superan el 20 por ciento de la población activa.  
Este es el problema que, preocupando a todos los ciudadanos, desespera a los jóvenes que no han podido entrar en el mercado laboral y a los mayores de 45 años descolgados prematuramente del mundo del trabajo.
Por eso, pensando en Galicia en donde baja el paro, pero no se crea empleo, hay que aplaudir la firma de dos acuerdos entre la Xunta, la patronal y los dos sindicatos mayoritarios que retomaron el diálogo social para combatir el paro entre esos dos grupos de personas, los jóvenes menores de 25 años y los parados de larga duración.
Que los 60 millones que aporta el Gobierno para formación e incentivos a la contratación beneficien a 60.000 parados de esos dos grupos, depende de dos condiciones. La primera, que los acuerdos sean revisados y evaluados periódicamente, con información de los recursos económicos empleados y de los objetivos alcanzados que no pueden ser otros que la reducción del número de parados.   
La segunda, que las acciones formativas que se programen sirvan para que los destinatarios adquieran nuevos conocimientos, destrezas y habilidades que faciliten su vuelta al mercado laboral.
La Xunta tiene que evitar que se repitan las irregularidades cometidas por las patronales y los sindicatos en los cursos de formación que denunció recientemente el Consello de Contas.
Si no hay seguimiento y evaluación de lo firmado, estamos ante un acuerdo de “buenas intenciones” cuyo único resultado es la fotografía de la firma. Y lo que es peor, estamos ante un despilfarro de recursos públicos y una oportunidad perdida para reducir las enormes cifras de paro de estos dos grupos muy castigados por la crisis.