Las nuevas y duras restricciones que las distintas administraciones han impuesto para luchar contra la propagación del coronavirus están dejando a miles de empresas y autónomos fuera de juego. Uno de los sectores más afectados por las restricciones impuestas, aunque obviamente no el único, es la hostelería. España es el país del mundo con más bares y restaurantes por habitante, negocios que además de vivir del consumo de los españoles, están muy ligados al turismo. Las pérdidas de ingresos y puestos de trabajo se cuentan por millones. Están obligados a cerrar o a reducir aforos y sin embargo las ayudas han sido muy escasas para seguir haciendo frente a pagos ineludibles como alquiler de locales, deudas o suministros básicos.

Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno puso en marcha los ERTE, los prestamos ICO y el retraso en el pago de impuestos y cotizaciones. Estas medidas ya se demostraron insuficientes durante el estado de alarma anterior y tras el verano y las duras restricciones por la segunda ola, mucho más. 

Hasta el momento, casi 100.000 empresas han cerrado, 600.000 trabajadores siguen en ERTE, no se han recuperado aún más de 500.000 empleos perdidos y sobre todo la mayoría de negocios no pueden hacer frente a sus deudas y pagos, si no hay nuevas ayudas y mejor dirigidas. Ayudas directas que salven empresas y empleos.

En este sentido, el PP va a proponer dos enmiendas parciales al proyecto de PGE dirigidas a los autónomos, en las que se pedirá la exención del pago de cotizaciones sociales e impuestos durante el tiempo que dure el estado de alarma y cuyo coste se elevaría a unos 1.800 millones de euros. 

Como es preceptivo, se plantea que ese mayor gasto se compense con ahorro que en este caso pone la lupa en el gasto corriente en bienes y servicios en los ministerios, que pasaría a ser del mismo volumen que en 2018. 

Además, proponen cambiar de forma temporal la tributación del sistema de módulos por la de estimación directa de acuerdo con los ingresos reales, que ya se hizo en abril. Es imprescindible que el Gobierno entienda de una vez, como han hecho otros países, que todo gasto superfluo debe suspenderse para que aumenten los fondos destinados a la lucha contra la crisis sanitaria y económica.