El debate político está alcanzando preocupantes cuotas de mediocridad, lo que conlleva un hastío de los ciudadanos y su alejamiento respecto a la política. El punto álgido de este debate mediocre se ha alcanzado en torno a si existió o no plagio u otro tipo de irregularidades en la elaboración de su tesis doctoral por parte del presidente del Gobierno. Y como no hay dos sin tres, la que era ministra de Sanidad, Carmen Montón tuvo que dimitir al demostrarse que hubo plagio en la elaboración del trabajo que realizó al finalizar un máster y, por supuesto, se sigue con atención el recorrido judicial que pueda tener otro máster: el del líder del PP, Pablo Casado.
Dejaré claro que, por supuesto, que hay que exigir responsabilidades a a los políticos que hayan cometido irregularidades o hayan recibidoun trato de favor en su calidad de tales, a la hora de hacer una tesis o cursar un máster. Pero de ahí, a hacer de esa cuestión durante días y días, el gran debate nacional me parece un desenfoque. Hay problemas más acuciantes y graves que los trabajos académicos de tal o cual político.
En este desenfoque tienen también su parte de culpa los medios de comunicación. Lo digo así, en general, porque creo que sería injusto señalar a unos en concreto. Se podría decir al respecto la frase evangélica de que “quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra”. En la doctrina más clásica a la hora de explicar cuál es el papel de un medio de comunicación, en una sociedad democrática se dice que es la de ser intermediarios entre el poder y la sociedad informando de los hechos de la forma más veraz posible para que sean los ciudadanos los que se formen una opinión.
Decía antes que España tiene problemas mucho más serios y graves que las vicisitudes académicas del presidente del Gobierno o del líder de la oposición. Si se prueba que cometieron irregularidades o recibieron trato de favor, que paguen por ello, pero no puede ser que todo el debate político gire en torno a esta cuestión, cuando, por ejemplo, en Cataluña hay unos señores empeñados en seguir adelante con el golpe de Estado que perpetraron hace un año. Para despejar y descargar esta atmósfera tan cargada que preside el debate político, lo mejor sería una convocatoria de elecciones y que el pueblo soberano decida. Esa decisión, tal y como señala la Constitución, está exclusivamente en manos del presidente del Gobierno, por lo que es Sánchez el que tiene la última palabra al respecto.