Vaya a donde vaya y venga de donde venga, en las conferencias de prensa con los periodistas que han cubierto el viaje el papa Francisco siempre se topa con una o varias preguntas sobre abusos sexuales con menores por parte de clérigos, religiosos o por personas que trabajan en la pastoral de la Iglesia católica.
El vuelo de regreso de su último viaje al exterior –Jornada mundial de la Juventud en Panamá- no fue una excepción y no pudo resultar de otra manera porque el jueves que viene comienza en el Vaticano un encuentro de cuatro días de presidentes de las Conferencias episcopales de todo el mundo para abordar el grave problema.
Se trata de una iniciativa del Consejo de Cardenales que asiste al Papa y que en palabras del propio Francisco quiere ser una especie de “catequesis” con varios objetivos concretos: incrementar la conciencia del drama que significan los abusos a menores, establecer protocolos claros de actuación y hacérselos llegar a las respectivas opiniones públicas. No será tarea sencilla, porque la casuística es enorme como grande será también la diversidad cultural y pastoral de las Iglesias territoriales asistentes.
Con todo, una mayor labor de prevención, la escucha a las víctimas, la detección de casos hasta ahora ocultos y una transparencia total, serán muy probablemente denominador común de los debates. Habrá también testimonios de víctimas de diversas procedencias para ayudar a dicha concienciación y una liturgia penitencial.
Entiende el Pontífice que resolviendo con transparencia total el problema en la Iglesia se ayuda a solucionarlo también en la sociedad. Porque no habrá que olvidar que el 80 por ciento de los casos suceden en el seno de la familia, aunque se ponga el foco sobre la Iglesia por aquello de la lógica mayor ejemplaridad exigible a clérigos y religiosos.
Mundo adelante, en los titulares periodísticos abundan las cifras redondas, pero a menudo se olvida la proporción. ¿Son muchos o pocos respecto al total del claro en tal o cual país y en el amplio abanico de años en que los datos suelen ofrecerse? Setenta años, por ejemplo, en el informe del Gran Jurado de Pensilvania; sesenta, en la investigación de la Comisión real australiana del año pasado. ¿Y cuántos sacerdotes católicos fueron acusados sobre el total del colectivo? En el primer caso no se aporta tal dato, a pesar de las 1.400 páginas del documento. En el segundo, un 4,5 por ciento en el pico de la estadística.
Existe ciertamente el riesgo de que cualquier pretensión de colocar los grandes números en su contexto y debida proporción se entienda como un modo de rebajar la gravedad de los delitos. Nada más lejos de la realidad. Pero tal como se reflejan mediáticamente las cosas, se corre también el no desdeñable peligro de estigmatizar a todos los sacerdotes y religiosos por culpa de una superminoría.